La costumbre, el cielo de cristal de las agricultoras

Por Marta Fernández, periodista agroalimentaria

Como todos los años, el pasado 8 de marzo se conmemoró el día de la mujer trabajadora, en esta ocasión con un seguimiento nunca visto en nuestro país. Miles de mujeres y hombres salieron a las calles de pueblos y ciudades para unir sus voces a favor de la igualdad, porque la realidad es que el desequilibrio de géneros continúa estando muy presente en nuestra sociedad. La sensibilización a favor del empoderamiento y la igualdad real, así como un acceso mayoritario a la titularidad compartida, se perfilan como las puntas de lanza que permitan traspasar el cielo de cristal de nuestras agricultoras.

Un desequilibrio que se traslada a prácticamente todos los ámbitos y que tiene su reflejo en desigualdades económicas, laborales y sociales. En lo que al sector agrícola se refiere, estas desigualdades son aún mayores, porque a pesar de que en él trabajan tanto mujeres como hombres, continúa estando muy masculinizado -el número de hombres titulares de explotaciones agrícolas es tres veces mayor que el de mujeres-, con un elevado riesgo de despoblamiento y donde la visibilidad femenina aún es muy tibia.

“La desigualdad afecta a las mujeres en todos los ámbitos”, recuerda Esperanza Orellana, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Mapama, “pero es mayor en el medio rural que en el urbano”. Para Carmen Quintanilla, presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), se trata de una doble discriminación: “por un lado la de ser mujer, y por otro la de vivir en un entorno como el rural, donde las oportunidades siguen siendo menores que en las ciudades”. Los motivos de esa desigualdad y falta de visibilización están fuertemente arraigados en la costumbre, como nos recuerdan las fuentes consultadas. “Por costumbre las mujeres son las encargadas del cuidado familiar, una tarea que recae de forma mayoritaria sobre los hombros de las mujeres en un entorno cada vez más envejecido”, expone Esperanza Orellana.

“Por costumbre los hombres son los titulares de las explotaciones, incluso aunque sean las mujeres las propietarias de las tierras”, explica Inmaculada Idáñez, responsable del Área de la Mujer de COAG y presidenta de la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (Ceres). A ello se une que de forma tradicional el trabajo de la mujer en las explotaciones se ha considerado una “ayuda” familiar, “por lo que no era necesario que su trabajo fuese valorado y remunerado”, añade Orellana.

Mª Ángeles Rosado es agricultora, además de licenciada en Ciencias Políticas. Junto a su marido es titular de una explotación de cereal de secano y olivo ecológico castellano en Sayatón, un pequeño municipio de apenas 50 habitantes de la provincia de Guadalajara. También es miembro del comité ejecutivo de Asaja-Cuenca -compuesto por 26 miembros, todos hombres salvo ella-, y forma parte de la Comisión de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha. Como el resto de agricultoras de nuestro país, sufre en primera persona las consecuencias del cielo de cristal del sector agrario. “Como le sucede a la práctica mayoría de las mujeres en el mundo profesional, la principal dificultad a la que nos enfrentamos es la de conciliar la vida laboral y la familiar, que en el caso del entorno rural se vuelve más complicada ante la falta de servicios”, dice.

A partir de aqui, se deriva toda una cascada de desigualdades, como son los tipos de contrato que se hacen a las mujeres, “que por lo general suelen ser peores”, matiza Esperanza Orellana; la segregacion por sectores, la extension de la jornada laboral -que dificulta, cuando no imposibilita la conciliacion-, asi como la brecha salarial de genero y las altas tasas de inactividad y de desempleo.

Con respecto a la brecha salarial, Lola Merino, presidenta nacional de la Federación de Mujeres y Familias del Ambito Rural (Amfar), indica que la horquilla de las retribuciones que perciben las mujeres en el sector agrario se situa entre 400 y 1.000 euros, mientras que la de los hombres es de entre 1.000 y 1.400 euros.

Y en el caso de las tasas de desempleo, continúa, “el sector agrario emplea al 2% del total de las mujeres rurales ocupadas, y solo el 0,3% son menores de 25 años”.

Y como factor determinante de estas desigualdades, coinciden, está la ausencia de mujeres en los organos de gobierno y de toma de decisiones del sector, “no solo porque ralentiza la visibilizacion de las desigualdades, sino también la puesta en marcha de medidas que aporten soluciones”, añade Merino.

Palanca para el cambio

Son varias las consecuencias derivadas de esta situación de desigualdad, pero quizás la más evidente es la falta de independencia de las mujeres, entendida en su más amplio sentido. Por ello, tanto desde los ministerios implicados -fundamentalmente Igualdad y Agricultura-, como desde las diferentes organizaciones y asociaciones, se están desarrollando una batería de acciones cuyos principales objetivos son, de un lado, intentar que mujeres y hombres tomen conciencia de esta situación y, de otro, facilitarles las herramientas para paliarla. Ahora bien, tal y como reconoce Esperanza Orellana, “estamos hablando de un cambio de modelo, y aunque estamos consiguiendo avances, los resultados no son rápidos”.

En este cambio de modelo la educación en aras del empoderamiento de la mujer se erige como el núcleo central de las actuaciones desarrolladas por los agentes implicados. Del lado de la Administración central, estas acciones se encuadran en el Plan para la Igualdad de Oportunidades, que es transversal y se ocupa particularmente de las mujeres del medio rural; el Plan para la Promoción de las Mujeres en el Medio Rural, cuyo horizonte es 2015-2018, así como la Estrategia de Modernización y Diversificación Rural, focalizada en mujeres y jóvenes. Además de ello, indica la directora general de Desarrollo Rural, “el ministerio tiene una línea de subvenciones para entidades rurales que tiene por objeto la formación y divulgación respecto a la necesidad de igualdad y empoderamiento de la mujer”. Actuaciones que inicialmente fueron concebidas de manera exclusiva a las mujeres y que a lo largo de este año modificarán sus bases para que también incluyan a los hombres, ya que “lo que se necesita es un cambio de modelo social en general en toda la sociedad”, añade Orellana.
Al respecto, Inmaculada Idáñez, presidenta de Ceres, corrobora que la falta de empoderamiento es una realidad; por ello, desde la organización que preside se está trabajando en la autoestima “para que sepan que la mujeres somos igual de importantes que los hombres, que podemos hacer lo mismo y desarrollar nuestras capacidades, y que ellos también pueden hacerse cargo de los cuidados, por ejemplo”.
Porque como explica Carmen Quintanilla, “para acabar con los roles tradicionales, culturales y los estereotipos que giran en torno a la mujer rural, es necesario impulsar e implementar políticas educativas que conciencien a niños y adolescentes del papel fundamental que juega la mujer en la agricultura y en los pueblos”. Para ello, desde Affamer a lo largo de este año se está realizando una campaña estatal para fomentar el emprendimiento y la inserción de la mujer rural a través del empoderamiento.
Para Inés Guillén, portavoz de la Comisión de Jóvenes Cooperativistas de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, “la educación en el respeto, la tolerancia y la igualdad empiezan en casa”; y en su opinión, “la única diferencia entre hombres y mujeres es la física, por ello me gustaría ver las cosas en positivo. Creo que la tecnología está de nuestra parte y la nueva maquinaria está avanzando para hacernos las cosas más fáciles: a todos. Creo que la clave está en dar visibilidad a todas las mujeres que trabajan en el sector de una forma u otra, y que quizás están en un segundo plano [...]. El reto está en conseguir llegar a los consejos rectores y participar en primera línea de batalla con la toma de decisiones en nuestras cooperativas”.

Titularidad compartida
Pero para acceder a los órganos de toma de decisiones no sirve solo con trabajar en la explotación familiar. Hay que ser titular. Para ello, en el año 2011 se aprobó la ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, “para profesionalizar la actividad agraria de las mujeres; mejorar la participación femenina en las organizaciones agrarias; visibilizar el trabajo de las mujeres en las explotaciones; fomentar la igualdad y mejorar la calidad de vida en el medio rural y ayudar al asentamiento de la población”, según reza en el propio texto. Una ley que, como recuerda Esperanza Orellana, contó con un amplio respaldo parlamentario y social, pero que, sin embargo, tras seis años en vigor, no termina de calar entre la población. De hecho, actualmente son poco más de 300 las agricultoras que han accedido a la titularidad compartida de sus explotaciones.
Los motivos son fundamentalmente el desconocimiento de la ley tanto por parte de los interesados como de los técnicos encargados de tramitarla, la excesiva burocracia que gira alrededor de ella y la falta de un desarrollo reglamentario y de dotación presupuestaria, según señalan las fuentes consultadas.

Mª Ángeles Rosado fue una de las primeras agricultoras que se enfrentó a estas dificultades. En su haber tiene el honor de ser la primera agricultora de la provincia de Guadalajara en obtener la titularidad compartida. Sin embargo, el trámite no fue sencillo: “Cuando iba a la Administración me decían que esto no lo habían visto nunca. Era la primera que llegaba las administraciones”.
Sí, administraciones. Porque en la tramitación de titularidad compartida entran en juego tres administraciones: Agricultura, que es de la que dependen los registros, Hacienda y Seguridad Social. “Y en algunas comunidades ni siquiera se ha habilitado aún el registro”, señala Inmaculada Idáñez, que añade que la ley beneficia a ambas partes, mujeres y hombres, aunque sólo se hable del beneficio de la mujer “porque está pensada para visibilizar a un número muy importante de mujeres que están trabajando y no están cotizando”. Y el problema, continúa Mª Ángeles, “es que las administraciones no se han coordinado, y cuando un matrimonio va a dar de alta la titularidad, nos encontramos con muchas dificultades, porque no saben qué pasos hay que dar, ni qué documentación va a necesitar la otra administración, e incluso, por desconocimiento, intentan darte de alta otras formas jurídicas que no corresponden”.

Soluciones
Para intentar solventar esta situación, desde el Mapama, indica Esperanza Orellana, se están llevando a cabo varias acciones que se concretan, además de en las formativas, en la elaboración de un Manual de titularidad compartida, donde se le dará forma escrita a las dudas más frecuentes tanto de los interesados como de los técnicos y que se prevé vea la luz en el primer semestre de este año; así como en la edición de un boletín informativo de carácter trimestral y cuyo primer número se publicó el pasado mes de marzo, la actualización de los contenidos de su página web y, por último, la futura creación de un teléfono de atención desde el que informar de la titularidad compartida.
Además de ello, continúa Orellana, también se han creado tres grupos de trabajo específicos: uno con los gestores de las comunidades autónomas, “donde, entre otras actuaciones, ponemos en común las dificultades que nos vamos encontrando”; otro con las propias asociaciones de mujeres, “en las que ellas nos van contando sus impresiones para hacer nosotros el manual”; y por último un grupo de trabajo interministerial, donde están representados el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Agencia Tributaria, el Mapama y el FEGA, “porque hay muchas dudas sobre cómo repercute esta ley a los pagos de la PAC y debemos estar todos coordinados y trabajar en la misma dirección”.

Y es que el acceso a titularidad compartida supone que “las mujeres puedan equiparar su trabajo con el de sus cónyuges, convirtiéndose en agricultoras o ganaderas a título principal y disfrutando de los mismos derechos que los maridos”, señala Lola Merino. Lo que se traduce, añade Inmaculada Idáñez, en algo tan básico como la posibilidad de poder acceder a una pensión por jubilación o a una baja por maternidad, por ejemplo.

E incluso “poder hacer una gestión en el banco sin la necesidad de la firma de tu marido”, indica Mª Ángeles Rosado.
A nivel práctico, estos derechos se traducen en que el 50% de los beneficios que genere la explotación pertenecen legalmente a la mujer. Además de poder actuar jurídicamente sobre la explotación en igualdad de condiciones, concreta Lola Merino, desde cuya asociación “y ante la poca implicación de las comunidades autónomas”, se ha puesto en marcha una Oficina Nacional de Titularidad Compartida -AGROTC- desde la que se ofrece con carácter gratuito y ámbito nacional un servicio especializado de asesoramiento particular. “Pero además de los derechos sociales y económicos, el acceso a la titularidad compartida también tiene una serie de beneficios y ayudas por ser joven agricultor o por ser mujer, por ejemplo”, cuenta Rosado. “Y a nivel personal es un orgullo, además de por lo descrito, porque una vez que ya eres titular de tu explotación, entonces sí puedes ser ya socia de una cooperativa y tener voz y voto, sin ser la mujer de; puedes estar afiliada a una organización agraria, participar en un comité ejecutivo... En definitiva, estar en los lugares de toma de decisiones en igualdad de condiciones con los varones”.
Como conclusión, Inés Guillén, que también es especialista en Gestión de bodegas y comercialización del vino por la UCLM, reflexiona sobre el papel de la mujer: “Somos más del 50% del talento de la sociedad. Sería de locos dejarnos fuera del sector, de este o de cualquier otro. Porque tanto las mujeres como los hombres estamos obligados a dar continuidad al sector, concienciándonos de la relevancia de la agricultura en el mundo actual”. Por ello las actuaciones continúan tanto a nivel nacional, por ejemplo, con la reciente creación de la Asociación de Mujeres Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía (AMCAE- Andalucía), como internacional, como ha sido la celebración en Nueva York del encuentro anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de las Naciones Unidas, y a la que acudió Inmaculada Idáñez.