14/10/2019
La presidenta nacional de Amfar, Lola Merino Chacón, recuerda que esta organización fue pionera en España en la celebración de esta efeméride, y lleva “22 años reivindicando el protagonismo y la igualdad que corresponden por derecho a las mujeres rurales y que todavía, en pleno siglo XXI, no acaban de llegar”. Por ello, Amfar aprovecha la ocasión para volver a reclamar “el reconocimiento del trabajo de los seis millones de mujeres rurales españolas en la agricultura y la ganadería, en la seguridad alimentaria, en la atención a personas dependientes, en el desarrollo rural, en el mantenimiento de la población, en el emprendimiento, y en la salvaguarda de las tradiciones y la cultura”.
Lola Merino recuerda que las mujeres rurales son “mujeres fuertes que dirigen explotaciones agrícolas y ganaderas. Mujeres emprendedoras que abren pequeños negocios rurales. Mujeres coraje que cuidan hijos, nietos, ancianos, enfermos o discapacitados. Mujeres vitales para frenar los graves riesgos demográficos, como el envejecimiento, la masculinización o la despoblación, que afectan a más de la mitad de nuestro territorio”. Y recuerda que de los 8.124 municipios españoles, 4.983 están amenazados por la extinción demográfica y 1.321 no pasan de los 100 empadronados.
Merino pone también el acento en la visibilización y los espacios que las mujeres han ido ganando en los últimos años, de modo que a día de hoy representan un 37% del total de perceptores de ayudas de la PAC y del 33% de los perceptores de las ayudas concedidas en materia de desarrollo rural. Asimismo, también han demostrado iniciativa emprendedora en los años más duros de la crisis económica.
Sin embargo, señala Merino, aún quedan muchos pasos por dar para conseguir una verdadera igualdad de oportunidades. Entre otros, acabar definitivamente con la violencia que se ejerce contra las mujeres; mejorar los servicios sociales y la implantación de las nuevas tecnologías; concienciar para alcanzar la corresponsabilidad en las tareas del hogar y del cuidado de los dependientes; reducir la brecha laboral y salarial; e impulsar la Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que no termina de tener los resultados deseados.