Asaja pide "responsabilidad" ante el hundimiento de los precios de la uva

La “alarmante” caída de los precios de la uva en el inicio de la vendimia ha llevado a la sectorial vitivinícola de Asaja a reclamar “responsabilidad” a bodegas y otros agentes implicados en las operaciones de compraventa, y “máxima diligencia” a las administraciones a la hora de velar por el cumplimiento de los contratos para que los precios de venta se sitúen por encima de los costes de producción, como obliga la Ley de la Cadena Alimentaria.

Con una cosecha menor de lo esperado y que oscilará entre los 41 y 43 millones de hectólitros (en línea con la media de las últimas cinco campañas) los productores no ven “razones objetivas” que justifiquen el hundimiento de los precios de uva que se está produciendo. Los precios en tablilla en Castilla-La Mancha, principal zona productora de España, han caído de media un 30% respecto al año pasado. Asaja menciona como ejemplo el caso de la variedad airén, la de mayor cultivo en nuestro país, cuyas cotizaciones oscilan entre 12-14 céntimos/kg de uva, lejos de los costes de producción en esta zona, de 27 céntimos por kilo de uva.

La organización destaca también los cálculos del Estudio de Costes de Producción de Uva para la elaboración de Vinos, elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia para la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), donde se refleja que el coste medio de producción en España se cifra en 50 céntimos por kilo de uva, aunque asciende a los 60 céntimos en Navarra y la Rioja y a los 63 céntimos en Castilla y León, todo ello sin tener en cuenta el aumento de costes que implican los protocolos anti-COVID.

La “indignación e impotencia” de productores ha provocado que produzcan paros en plena vendimia, como los de Villarobledo (Albacete) o Valdepeñas (Ciudad Real).

Mientras pide “responsabilidad a todas las partes implicadas en las operaciones de compraventa”, Asaja reclama  al Ministerio de Agricultura, a las comunidades autónomas y a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que actúen “con la máxima diligencia a la hora de velar por el cumplimiento de los contratos para que los precios de venta se sitúen por encima de “los costes efectivos de producción” como así lo recoge la última modificación de la Ley de la  Cadena Agroalimentaria, aprobada en febrero de 2020”.

Asimismo, exigen a la Administración que fije unos costes de producción de referencia para las distintas zonas productoras.