Productores y distribución: tendiendo puentes

Por Marta Fernández, periodista agroalimentaria

Si bien productores y distribuidores están obligados a entenderse, la relación se torna complicada fundamentalmente a la hora de fijar precios. No obstante, el ánimo es de colaboración para llegar a un mismo punto: la creación de una cadena de valor estable y sostenible económica, social y medioambientalmente. Porque de no ser así, peligra el actual modelo productivo, y con ello la vertebración del medio rural, con su consecuente impacto social y económico.

De ahí también la implicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), cuyos esfuerzos, explican fuentes del mismo consultadas por Agricultura, se centran en dos direcciones. Una, dotar a los eslabones de la cadena alimentaria de espacios de diálogo, colaboración y coordinación. Y dos, contribuir a lograr el equilibrio de la misma y garantizar una competencia justa, leal y efectiva manteniendo un adecuado nivel de precios e informando de forma adecuada a los consumidores.

Pero, ¿qué entendemos por cadena alimentaria? La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria -actualmente en proceso de reforma-, la define como “el conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de alimentos o productos alimenticios”. Y a efectos de la ley, son operadores de la cadena alimentaria los productores primarios, los operadores de la industria alimentaria y los distribuidores (mayoristas y minoristas, aunque en este último caso solo en relación con sus operaciones de aprovisionamiento).

El problema, se añade desde el MAPA, está en la dificultad de reequilibrar las relaciones comerciales, erosionadas, entre otros factores, “por la caída sostenida de los precios percibidos por los agricultores, el aumento de la frecuencia de los daños por fenómenos climáticos extremos o la falta de equilibrio en la fijación de precios”. Estos factores “motivaron la adopción de medidas de mayor calado para impulsar la consecución de un verdadero equilibrio en las relaciones comerciales que tienen lugar en la cadena alimentaria”, indican las mismas fuentes.

El resultado es que en 2020 se inició la reforma de la ley (que se está ejecutando en dos fases).