COAG alerta de la complicada situación del sector agrario en su balance de 2021

La organización agraria cataloga el 2021 como un "un año muy difícil", ya que la subida de los costes de producción pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones profesionales agrarias. A ello se suma el descenso de la renta agraria (por UTA), y el incremento del gasto en consumos intermedios de explotación. Con todo, COAG estima una subida de costes interanual en el 30%.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2021 el gasto en insumos de producción ha subido un 13% respecto a 2020, liderado por la energía, los piensos y los fertilizantes. En gran parte de los sectores de producción, este incremento de costes no se ha trasladado al precio de venta de los productos, dando como resultado una fuerte caída de la renta agraria por UTA, que alcanza el 6%.

“Según los cálculos de COAG, el incremento interanual de los costes de producción alcanza el 30% en diciembre de 2021, con una subida exponencial de los mismos en la última parte del año. Esto es muy preocupante para las expectativas del 2022 porque pone en riesgo la viabilidad económica de nuestras explotaciones. Es uno de los principales motivos que justifican la convocatoria de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias en unidad de acción y el lanzamiento de un SOS rural”, ha señalado Miguel Padilla, secretario general de COAG.

“Estamos muy preocupados por la resistencia de los compradores a trasladar este vertiginoso aumento de costes a los precios de las producciones agrarias. Los operadores comerciales de la cadena se han fijado como objetivo la contención de precios al consumidor y el control de la inflación, todo ello a costa de las rentas de los hombres y mujeres del campo. Incluso cuando se producen las subidas de precios en los puntos de venta, en muchos casos no se reflejan en los precios percibidos por los productores. Todo ello está afectando ya al tejido productivo y prevemos que si no se soluciona, puede haber recortes en la producción en 2022. Por último, señalar que la normativa obliga a los compradores a pagar los productos por encima del coste de producción, por lo que estaríamos asistiendo a prácticas fuera de la legalidad”, ha subrayado Padilla.

En la otra parte de la balanza, COAG ha valorado de manera positiva la aprobación de la Ley 16/2021, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, dado que se han producido avances relevantes y abre nuevas expectativas de cara a la mejora de la posición en la cadena de agricultores/as y ganaderos/as al conseguirse mejoras importantes en las principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario.

También valora de forma muy positiva el acuerdo adoptado entre Bruselas y EE. UU. para suspender durante un periodo de cinco años la aplicación de los aranceles derivados del conflicto por los subsidios entre Airbus y Boeing. El pacto alcanzado pone fin a una disputa con graves repercusiones a los sectores afectados, entre ellos, aceituna de mesa, vino, queso y aceite. Lamentablemente, queda pendiente el Veto Ruso, que sigue afectando a nuestro sector de frutas y hortalizas.

La PAC y el LESPRE

En cuanto a la Reforma de la PAC, que entrará en vigor en 2023, COAG considera que no es justa ni social y acelerará el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones del campo español y europeo. Asimismo, el, añade la organización, Plan Estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura también ha resultado decepcionante, puesto que "España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario en nuestro país. La definición de agricultor activo abre la puerta en la priorización de las ayudas a los perceptores que no ejercen una actividad agraria significativa, lo que perjudica a los agricultores cuyos ingresos provienen principalmente de su actividad agrícola. En el caso del pago redistributivo, así como en el caso de otras medidas, se debería beneficiar y no perjudicar a los agricultores profesionales, que dependen en mayor grado de los ingresos agrarios, algo que sucede justo al revés".

En cuanto a la inclusión de las poblaciones de lobos situadas al norte del Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), COAG recuerda que las organizaciones agrarias han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de MITECO. "Está en juego el futuro de la ganadería extensiva en nuestro país. El comportamiento del MITECO ha dejado totalmente al margen y olvidada a la ganadería extensiva gravemente afectada por los daños del lobo".

Por último, señalan la difícil situación que atraviesa el seguro agrario. "Teniendo en cuenta que cada vez son más numerosas las adversidades climáticas (intensas sequías, golpes de calor, pedriscos, DANAS o la irrupción de nuevas plagas y enfermedades) que están incrementando su impacto en la agricultura y la ganadería, y en definitiva la vulnerabilidad del sector agrario, con un coste que difícilmente se puede asumir individualmente por cada agricultor o ganadero, así como numerosas líneas y zonas que son imposibles asegurar. El Seguro Agrario en España debe tener con urgencia un replanteamiento integral en todos sus aspectos para responder a las nuevas exigencias y necesidades que tiene el sector agrario", concluyen
Con todo ello, indica la organización que las protestas continuarán en 2022 en todos los territorios, "son continuación de las que se vienen produciendo en los últimos meses y de las que se iniciaron en 2019-2020 y se vieron interrumpidas como consecuencia de la aparición de la pandemia del COVID-19".