09/05/2017
El apretadísimo calendario de la nueva reforma agrícola comunitaria (PAC), por el retraso en la aplicación de la actual (PDR), la revisión intermedia por la vía del reglamento “Omnibus” y sobre todo, por los acontecimientos políticos sobrevenidos con el Brexit, llevan a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento, a una difícil tesitura que no tiene precedentes.
Artículo escrito por Jorge Jaramillo - Periodista agroalimentario
De momento, la estampida del Reino Unido dejará un roto de 9.300 millones de euros en las arcas comunitarias que obligará a buscar nuevas fuentes de financiación, o que los 27 países se rasquen el bolsillo. En el peor escenario, la marcha de los británicos descontará exactamente 3.600 millones de las cuentas de la agricultura europea, un serio condicionante que ya ha encendido las alarmas de los países más agrícolas que piden -en los prolegómenos del debate- una Política Agrícola fuerte y un reparto más justo. Los más pragmáticos abogan por la prórroga presupuestaria, teniendo en cuenta que las nuevas amenazas antieuropeistas y desde luego terroristas, requerirán de un mayor gasto.
En la historia de la PAC -que ahora cumple 55 años- no ha habido nunca reformas que hayan supuesto una revisión al alza del presupuesto anterior. Más bien al contrario. Se incrementaban las exigencias de trazabilidad y seguridad alimentaria para producir en un mercado global y liberalizado, mientras el propio Ejecutivo comunitario desmontaba la arquitectura proteccionista diseñada tras la segunda Guerra Mundial para garantizar el abastecimiento.
Hoy, con un escenario comercial que ha ido arrinconando al productor indefenso y menos organizado, sin apenas mecanismos que le permitan reaccionar ante situaciones de crisis o hundimientos de precios, la PAC sigue siendo un puntal a pesar de estar en continua revisión. Encontrar criterios de equidad o de justicia social para primar al que verdaderamente trabaja la tierra, ha sido el caballo de batalla en el último proceso que, a juicio de alguna organización agraria del país, se ha quedado en un “quiero y no puedo” respecto a las verdaderas pretensiones. Ni siquiera la UE -que abogó por situar al “agricultor activo” en el eje del reparto- está dispuesta a mantener ahora su propósito a tenor del planteamiento que ha realizado estos últimos meses en el chequeo de los actuales reglamentos de la PAC a través del denominado “Omnibus”. En 2018, los Estados tendrán libertad para mantenerlo o suspender ese filtro que teóricamente “expulsó” al agricultor de salón.
Tres años después de la entrada en vigor, Europa vuelve a plantear una reforma para preparar el escenario siguiente después de 2020. La Conferencia nacional “Construyendo la PAC del futuro” que el Ministerio de Agricultura (Mapama) organizó en Madrid a finales de marzo, abrió la participación a múltiples colectivos preocupados por el elemento central: el dinero. Frente a ello, una consigna institucional: “la PAC ha jugado y debe seguir jugando un papel fundamental en la construcción europea, y los objetivos recogidos en el artículo 39 del Tratado Fundacional de la UE siguen plenamente vigentes”. Fue el mensaje central de Isabel García Tejerina, testigo directo de las grandes dificultades de la última negociación en Bruselas (actual PAC) consciente de la que se le avecina, estando el tablero político más revuelto que nunca con corrientes políticas antieuropeistas que amenazan la buena marcha de la construcción comunitaria.
Para Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura del Mapama, “el proceso de reforma se enmarca en una situación de incertidumbre política, presupuestaria e institucional, ante las cuales la respuesta no debería ser debilitar, sino reforzar el compromiso con las principales políticas comunes, sobre todo la PAC”.
Ese debate coincidirá además con nuevas elecciones para el Parlamento Europeo en 2019, con lo que se abren demasiadas incógnitas políticas.
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Porque el Brexit no es el único problema al que se enfrenta la UE, aunque esta decisión de Reino Unido -que ahora adelanta elecciones-, “no debería mermar nuestros objetivos y ambiciones para reclamar una PAC fuerte”, advirtió Clara Aguilera en dicho foro, en calidad de vicepresidenta de la comisión de Agricultura del Parlamento.
En línea con el propio Comisario Phil Hogan, dijo que “habrá que propiciar una fiscalidad común entre los Estados miembros para generar nuevas fuentes de ingresos, o que los países incrementen su aportación” para cubrir el “agujero presupuestario” que deja en las arcas de la Unión, la marcha de los británicos; ni más, ni menos.
Las cartas están sobre la mesa en este sentido, y las cuentas más que claras como trasladó el irlandés -el máximo responsable de la agricultura europea al Presidente del Gobierno en una reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa. Hogan -que se estrena y que se juega su futuro político con esta negociación-, en un tono muy conciliador precisó que “hay que poner a los agricultores en el centro de la solución, y no del problema”; y ello, sin esconder los nuevos frentes y complicaciones que -bien sabe- entorpecerán el acuerdo.