Energías renovables en el sector agrario: el coste de la tecnología suma, el BOE resta

Por Antonio Martínez, periodista agroalimentario

Para entender lo ocurrido con las energías renovables en nuestro país en los últimos años tenemos que fijarnos en dos fechas: el 27 de marzo de 2004 y el 26 de mayo de 2007, las de publicación de los Reales Decretos 661/2007 y 436/2004, el primero impulsado por el último Gobierno Aznar y el segundo por el Gobierno Zapatero.

Sentaban las bases de un sistema que trataba de impulsar la adopción de las energías renovables en nuestro país. Y, como siempre, la forma más sencilla era convirtiéndolas en un buen negocio a base de suculentas bonificaciones a la generación de energía. Apoyos que, como explica Juan Sagarna, técnico Cooperativas Agro-alimentarias, tuvieron efectos muy distintos, dependiendo de las tecnologías empleadas: “Había para todas las energías renovables, como la eólica, que fue la que mayor potencia implantó durante esa época. La tecnología estaba ya muy desarrollada y realmente no había tanta diferencia entre lo que costaba producirla y su valor de mercado. Por lo tanto, las primas no eran muy cuantiosas y el sistema fue bastante razonable”. Otra cosa muy distinta ocurrió con la solar fotovoltaica: “Para la fotovoltaica se establecía, en ese Real Decreto, apoyos, creo que para unos 450 megavatios de potencia solar fotovoltaica, y lo que ocurrió es que se instalaron casi 3.000 megavatios. La planificación era correcta y luego la ejecución fue desastrosa. Yo lo achararía a múltiples factores. Entre otros, que sucedió en una época en la que la tecnología se desarrollaba muy rápidamente, y como las primas se calcularon con unos costes muy altos, y de repente los costes eran mucho más bajos, el atractivo para la inversión era tremendo. Entonces se metieron los bancos, las comunidades autónomas que querían poner cuanta más potencia fotovoltaica... A eso hay que unir la incapacidad del gobierno para gestionar todo eso”.

Todo se para

A partir de ese momento todo se torció: “Desde 2008 hemos tenido una moratoria de facto en el desarrollo de las energías renovables. Primero porque llegó la crisis y de repente la factura prevista sobre 400 megavatios, el coste de las primas, casi se multiplicó por diez en plenas crisis y con el déficit tarifario. El Gobierno del PP pegó un frenazo radical que hizo que no se colocasen más placas fotovoltaicas. Porque afectó, sobre todo, a la fotovoltaica, aunque también a otras como la biomasa”.

Para José Ramón Díaz, técnico de la organización agraria Asaja, una demostración de libro del tremendo efecto que las normas tienen sobre nuestro sector: “Cualquier cambio normativo te puede mandar a un lado o al contrario”. Ese contrario también tiene fecha y número de Real Decreto, el 900/2015 de 9 de octubre, que instauró lo que comúnmente se denomina el “impuesto al sol”. Un peaje que tienen que soportar las instalaciones de autoconsumo solares por estar enganchadas a la red eléctrica. Un sinsentido para Javier Alejandre, técnico de la organización agraria UPA: "Si tú, ganadero o agricultor, decides invertir en ese tipo de tecnología, y cubrir una parte importante de tus necesidades con las renovables, lo que parece un sinsentido es que, en aquellos momentos en los que no estás consumiendo la energía que produces, pueda haber mecanismos razonables para que esa energía se vierta a la red y que otros usuarios se aprovechen. Beneficia a la colectividad. Sin embargo, lo que se ha hecho es todo lo contrario, penalizar a los que producían este tipo de energías”.

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