Bruselas plantea reducir a la mitad el uso de fitosanitarios en la UE para 2030

La Comisión Europea presentó el pasado 22 de junio, en el marco de la estrategia de la Granja a la Mesa, la propuesta de reglamento sobre uso sostenible de fitosanitarios, que actualiza la normativa aplicable a estos productos. 

Redacción 

La nueva norma contempla objetivos jurídicamente vinculantes para reducir en un 50% el uso y riesgo de fitosanitarios en el conjunto de la Unión Europea, de aquí a 2030. 

Para ello, establece que sean los Estados miembros los que fijen sus propios objetivos nacionales de reducción de uso de estos productos, con arreglo a criterios comunes, de manera que permitan alcanzar el objetivo colectivo planteado. 

Asimismo, la propuesta refuerza la práctica de la gestión integrada de plagas, priorizando el uso de métodos alternativos a los fitosanitarios para el control de plagas, y prohíbe el uso de fitosanitarios en áreas sensibles, como parques o jardines públicos. 

Para alcanzar la meta establecida, los agricultores recibirán apoyo financiero en esa transición, de modo que, durante 5 años, los Estados miembros podrán utilizar la Política Agrícola Común (PAC) para cubrir los costes de los nuevos requisitos. “Nadie será dejado atrás”, aseguró la comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, que presentó, junto al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, el contenido de la propuesta. 

“Para 2030, la mitad de los plaguicidas químicos debe ser reemplazada con alternativas, con prácticas como la rotación de cultivos y con tecnologías como la agricultura de precisión”, afirmó Frans Timmermans. “Es una transición urgente”, añadió Kyriakides, “sin estos cambios, nos arriesgamos a que los polinizadores y los ecosistemas colapsen, lo que tendrá un impacto aún mayor en la seguridad alimentaria y los precios de los alimentos”. 

Reacciones 

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español han valorado que la propuesta de reglamento se base en la evolución de los indicadores de riesgo armonizado con los que ya se vienen trabajando y que permita a los Estados miembros fijar sus propios objetivos de reducción, de manera que se tengan en cuenta sus particularidades. Esto permitirá dar continuidad al trabajo ya realizado, que en nuestro país ha propiciado una tendencia de reducción positiva en la evolución del uso y riesgo de los productos fitosanitarios. 

No obstante, el ministerio señala que existen aspectos de la propuesta a mejorar en el procedimiento de tramitación en el seno del Consejo de la UE, como la necesidad de clarificar cómo se aplican determinados elementos y de hacer un esfuerzo de simplificación, ya que consideran la propuesta demasiado compleja. 

Por su parte, la europarlamentaria Clara Aguilera considera que la “reducción sin alternativas, solo es marketing ecologista”. La eurodiputada socialista y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, explica que la Comisión “vincula el objetivo de reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas a la escala europea y pide a los Estados miembros que establezcan un objetivo nacional de reducción en comparación con la media de los años 2015, 2016 y 2017, que tenga en cuenta la intensidad del uso, es decir, en qué medida los Estados miembros se desvían de la media europea”. Esto implica que algunos países podrán fijar un objetivo más bajo, del 35%, mientras que otros tendrán que alcanzar hasta el 65% de reducción. 

En su opinión, el verdadero objetivo debería haber sido un enfoque de “cero residuos”, que podría ser más efectivo para responder a las expectativas de los ciudadanos en relación con el medio ambiente y los alimentos. 

Asimismo, Aguilera recuerda que el presupuesto de la PAC, mencionado por la Comisión Europea como medio para compensar a los agricultores a la hora de implementar la propuesta, es limitado y está ya comprometido “para alcanzar numerosos objetivos climáticos y ambientales”. Además, el marco regulador propuesto sobre las nuevas técnicas genómicas, “que podría ser una de las respuestas más esperadas en términos de innovación y reducción de insumos, no se publicará antes de 2023, lo que significa que no se aplicará antes de 2025”. 

Los agricultores piden alternativas viables 

Desde el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA), se muestran preocupados por la aplicación práctica en el campo de la propuesta legislativa presentada por la Comisión Europea, teniendo en cuenta la ambición de los objetivos nacionales y europeos, así como la carga de trabajo adicional que recae sobre los agricultores. 

La presidenta del CEJA, Diana Lenzi, señala: “Como jóvenes agricultores, queremos ser parte de la transición hacia estrategias de protección vegetal más seguras y sostenibles. Sin embargo, cambiar la cura no borrará la enfermedad: en un momento de creciente presión climática y de nuevas plagas emergentes, la protección de las plantas es una necesidad en la finca, no una opción”. 

“Lo que necesitamos son opciones alternativas para la protección de las plantas que sean viables, fiables y asequibles, y un marco simplificado para implementarlas en las explotaciones. En este contexto, el uso de variedades vegetales más resistentes constituye un poderoso aliado, para lo cual debemos agilizar el proceso regulatorio”, añade.