Gestión integrada de plagas: una adaptación a dos velocidades

Por Álvaro Bárez, periodista agroalimentario

Las cifras avalan la implantación de la GIP en España. Aún con las dificultades de cuantificar una práctica obligatoria desde hace ya casi seis años, parece claro que esta manera de entender la sanidad vegetal comienza a calar en el sentir de los agricultores. Sin embargo, no todos lo hacen al mismo ritmo. Parte de esa descompasada adaptación tiene que ver con la necesidad de mejorar la formación a los agricultores en esta serie de técnicas y prácticas que redundan en la sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria, tanto de operadores como de consumidores.

Han pasado ya siete años desde que viese la luz un documento cuyo objetivo principal era el de hacer un uso más sostenible de los productos fitosanitarios: el Real Decreto 1311/2012 ha introducido desde entonces algunos cambios para la agricultura, entre ellos la implantación de la gestión integrada de plagas (GIP), cuyos principios son obligatorios para todos los agricultores europeos desde el pasado 1 de enero de 2014. En resumidas cuentas, se trata de una estrategia de control que consiste básicamente en la aplicación racional de una combinación de medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales, de modo que la utilización de productos fitosanitarios se limite al mínimo necesario. Todo ello con el objetivo de reducir los riesgos yefectos derivados de la utilización de productos fitosanitarios, especialmente en el ámbito de la salud humana y del medio ambiente.

Desde entonces, todo esto se ha traducido en varios hechos palpables incluidos dentro de un Plan de Acción Nacional que parte de la base de que todas las explotaciones agrarias deben de seguir los principios de la GIP. El Ministerio de Agricultura ha publicado hasta el momento 29 guías de orientación a agricultores y asesores y se ha puesto en marcha el Registro oficial de productores y operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO), en el que, para el año 2017, ya se habían inscrito 4.661 suministradores de productos fitosanitarios, casi 5.751 empresas de tratamientos, 17.097 asesores y más de 795.542 usuarios profesionales.