01/12/2021
El encuentro, conducido por el periodista Pablo Rodríguez Pinilla, contó con la participación institucional del coordinador de Agricultura y Alimentación de la Junta de Andalucía, Armando Martínez Vilela, y de expertos como Javier Alejandre, ingeniero agrónomo y agricultor de secano, además de representante técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA); Emilio González, profesor de Ingeniería Agroforestal en el Departamento de Ingeniería Rural en la ETSIAM-Universidad de Córdoba y secretario general de la European Conservation Agriculture Federation (ECAF); Raquel Antón, Senior Manager del departamento Economics en la consultora PwC, especializada en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid; y Fernando Enríquez, ingeniero de Montes, presidente de la Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje (Aserpyma) y jefe del Departamento Forestal de Matinsa (Grupo FCC), que debatieron sobre la contribución del glifosato a dichos sistemas de agricultura sostenible así como sus múltiples usos en distintos ámbitos, enfatizando aspectos como la seguridad del producto, la falta de alternativas, sus beneficios socioeconómicos y medioambientales.
Antes, el Public Affairs, Science & Sustainability de Bayer CropScience, Carlos Vicente, trazó un perfil del herbicida destacando que se trata de un producto “de amplio espectro utilizado desde hace 47 años por agricultores, jardineros, servicios públicos de conservación y otros usuarios autorizados para el control de malas hierbas y plantas no deseadas”.
En su exposición, Martínez Vilela ofreció una visión amplia sobre los sistemas agrícolas sostenibles y cómo desde las administraciones se apoya su implantación.
Destacó que uno de los principales problemas medioambientales del sur de Europa es la degradación de los suelos, provocada en gran medida por la erosión hídrica y la pérdida de materia orgánica. Ambas situaciones se pueden minimizar con sistemas globales de conservación como la producción ecológica, la producción integrada o, sobre todo, la agricultura de conservación, todos ellos “interconectados”. Para Martínez Vilela, este último, la agricultura de conservación, es la mejor respuesta, como ya han interiorizado en Bruselas. Estará reflejada en los ecoesquemas españoles a partir de 2023.
La contribución del glifosato
“En mi opinión el reto ambiental fundamental que tiene España es la lucha contra la erosión y, desde ese punto de vista, el glifosato es hoy una herramienta imprescindible para asegurar cubiertas vegetales tanto en leñosos como en herbáceos”, señaló Javier Alejandre en la mesa de debate. “Desde el punto de vista agrícola es una herramienta tremendamente útil que permite dar solución a los agricultores para enfrentar las diferentes realidades que nos encontramos día a día”.
Para Emilio González, “lo necesario es asegurar un cambio de sistema que pase de degradar suelos a conservarlos”, y “el glifosato ayuda a evitar que se tengan que labrar los suelos para controlas malas hierbas y, desde ese punto de vista, es una herramienta que tiene mucho éxito dada la aceptación de los agricultores”. González reclama más respeto para la ciencia y defiende que “si las agencias públicas europeas avalan el uso del glifosato, nuestros legisladores deben tenerlo en cuenta”.
Por su parte, Fernando Enríquez aseguró que “para las empresas que represento el uso del glifosato es absolutamente fundamental e imprescindible, en el sentido en que estamos obligados por dos leyes de seguridad, una de seguridad en la circulación y otra de seguridad en la prevención de incendios, con implicaciones penales. Si nos quitasen el glifosato, seríamos incapaces de mantener las estructuras en el estado adecuado de conservación de cara a ambos riesgos”.
También se analizaron las implicaciones económicas que deben valorar los legisladores a la hora de decidir el uso de este herbicida. Según Raquel Antón, “hemos buscado evidencias sobre las alternativas que tienen los agricultores, ya sean mecánicas o químicas, y la realidad es que son más caras y menos efectivas. Un estudio de la ECAF decía que el 43% de los agricultores consideraba que no tenía una alternativa eficiente al glifosato y el 32% que abandonaría las prácticas de agricultura de conservación si no pudiesen utilizarlo. […] Tenemos evidencias de que las alternativas son un 10% menos productivas y mucho más caras”.