La ley de la cadena alimentaria y la nueva empresa agraria

Por Francisco Amarillo, analista agrario

Teresa de Jesús, Santa Teresa, una feminista de pro del siglo XVI, decía que el infierno estaba empedrado con gente de buenas intenciones, y cuando uno lee leyes como la de la Cadena Alimentaria del 2012 o su actual
modificación del 2022, como panacea para solucionar la actual crisis de nuestro sector agrario, el recuerdo de Santa Teresa resulta inevitable.

Es tan candoroso como inoperante prohibir vender a pérdidas o comprar por debajo de los costes de producción, a pesar de lo bien que suena. Tanto que se está extendiendo a otros sectores de la producción, pero es dar coces contra el aguijón e ignorar lo que el MERCADO con mayúsculas es, para lo bueno y para lo malo. Él impone sus leyes, y, a pesar de todo y afortunadamente, vivimos en una economía de mercado.

No podemos ni debemos confundir los elementos esenciales del mercado, entre ellos básicamente el beneficio, con problemáticas más o menos coyunturales socialmente adversas, y en base a ellas tratar de instrumentar soluciones. Porque el fracaso está asegurado. ¿Quién quiere producir perdiendo dinero? Obviamente nadie, pero, ¿quién quiere comprar a un precio mayor, pudiendo hacerlo a otro menor? Igualmente nadie.

Por lo tanto, cualquier solución o acercamiento a la solución pasa inexorablemente por influir en el precio desde las reglas del mercado, pero nunca al margen de ellas.

La génesis de los precios de los productos agrarios es de una gran complejidad, lo cual dificulta mucho las actuaciones pero, a su vez, hay una larga tradición histórica de acciones muy diversas, que nos permiten tener una perspectiva histórica sobre las respuestas del mercado de las producciones agrarias a ellas. En la Unión Europea tenemos una larga y compleja relación de medidas que han formado el núcleo central de la PAC. Y es en el marco de la PAC y en el ámbito territorial de la UE, donde hay que buscar las soluciones.

Ciñéndonos a la actividad agraria, la principal, eficaz y más directa medida que tienen los gobiernos para influir en los precios sigue siendo la anticuada, denostada y desequilibradora INTERVENCIÓN, con mayúsculas. Es decir, convertirse en un poderosísimo comprador que absorbe una serie de productos a partir de un cierto precio. Sin duda que los riesgos de distorsión del mercado pueden ser muchos y graves, con el peligro añadido de poder orientar muchas producciones en función de la intervención, generando excedentes de difícil o imposible manejo, pero, aun así, permite actuar con eficacia asegurada en aquellos sectores concretos que más lo necesiten, e incluso hacerlo con unos márgenes de temporalidad que minimicen las distorsiones de mercado que puedan producirse.

Otros instrumentos complementarios como la preferencia comunitaria son y serán cada vez más difíciles de aplicar, en un marco de globalización acelerado, que dificulta los mecanismos de contingentación de las importaciones agrarias y, por ende, su influencia en la oferta, resultando un mecanismo muy débil para influir en los precios.

Cuotas y contingentes han ayudado al sostenimiento de los precios de muchas producciones, pero su aplicación resulta cada vez difícil ya que las respuestas de los países perjudicados suelen resultar muy eficaces en una economía mundial tan globalizada, y desde el sector agrario nunca debemos olvidar que en un platillo de la balanza puede haber trigo y, en el otro, tornillos.

Al final, estos mecanismos resultan y resultaron caros e incluso impopulares, tanto dentro de la UE como fuera de ella, sobre todo fuera de ella, en donde se consideraban un obstáculo al desarrollo de países de muy bajo nivel de vida, en los que la exportación de las producciones agrarias es básica para su desarrollo.

Si a ello añadimos que han aparecido unas nuevas sensibilidades y se ha profundizado en otras ya existentes, en las que lo agrario y lo rural tienden a confundirse, en un marco de conservación medioambiental, unida a una creciente preocupación por la desertización poblacional de este medio, que lógicamente influye, directa o indirectamente, en los precios de las producciones agrarias. En un medio de complejidad tan grande, la ley de la cadena alimentaria va a tener dificultades muy difíciles de salvar para conseguir sus objetivos.

El binomio de lo ético y lo tecnológico condiciona toda la evolución humana y, por lo tanto, la agraria. Los avances tecnológicos son los ejes de evolución de la actividad agraria, influyendo decisivamente en la estructura de producción, que, a la vez, se articula cada vez más en una unidad económica de carácter empresarial, y es justamente en el campo de la empresa agraria donde debemos centrar el análisis. Por supuesto que no es baladí abordar la problemática de las producciones, incluso es necesario, pero difícilmente se van a aportar soluciones profundas ciñéndonos exclusivamente a intentar resolver aisladamente su problemática.

Por puro realismo, resulta muy conveniente recordar que el peso de la actividad agraria en el conjunto económico es menguante, dentro de la UE lo agrario corresponde al 0,7% del PIB alemán, en Francia el 1,7%, en Italia el 2,1%, en Portugal el 2,2%, en Polonia el 2,4%, en España el 2,6%, etc. En todos ellos si este porcentaje se compara con el de tan solo una década, se comprobará que ha disminuido, sin embargo, la preocupación por lo medioambiental y lo poblacional ha aumentado exponencialmente, es decir, a el valor intrínseco de las producciones, y ajeno a ellas, hay que añadir otros valores relacionados tanto con el medio ambiente como con la desertización poblacional, un marco idóneo para dar protagonismo a la “nueva empresa agraria”, incorporando a la gestión de la producción agraria, la conservación medioambiental y el mantenimiento de las poblaciones rurales.

La empresa agraria así concebida se define como productora de alimentos, materias primas, actuaciones activas o pasivas de conservación medioambiental y políticas activas de mantenimiento poblacional en un territorio en peligro de desratización o con características singulares. Es una nueva persona jurídica a definir, cualificando su marco económico, laboral y fiscal, y hacerlo en la medida de lo posible, buscando amplios consensos tanto sociales como económicos.