La ley de la cadena busca su camino

Por Marta Fernández, periodista agroalimentaria

El pasado 26 de marzo se publicaba en el BOE el Real Decreto Ley 5/2000, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación que incluyen la modificación de la conocida como ley de la cadena. La medida se adoptaba como respuesta a las demandas de agricultores y ganaderos materializadas a través de un periodo de movilizaciones a lo largo del todo el territorio nacional.

A través de sus organizaciones agrarias, agricultores y ganaderos ponían sobre la mesa a lo largo del mes de febrero la complicada situación del sector e identificaban como causas directas los bajos precios percibidos por sus producciones y la pérdida de valor sufrida por los mismos a lo largo de la cadena alimentaria. A estas reivindicaciones se unían también mejoras en el sistema de seguros agrarios, de fiscalidad, costes, empleo y de protección de sus intereses ante la indefensión derivada de los acuerdos comerciales rubricados por la UE con países terceros.

La respuesta por parte del Ministerio llegaba a finales del mismo mes en forma tanto de Real Decreto Ley (RDL) como de un paquete adicional de medidas que recogemos en el destacado anexo. Los cambios más importantes del RDL son los referidos a precios y contratos, destrucción de valor a lo largo de la cadena y sanciones y publicidad de las mismas, siendo los dos primeros puntos los que mayor debate han suscitado, por lo que será sobre ellos sobre los que centraremos este artículo. Con respecto a la regulación de las sanciones y la publicidad de las mismas, esta medida ha sido acogida de buen grado, y en resumen, la norma endurece ahora la cuantías derivadas de infracciones y advierte de la publicación de las sanciones firmes que sean graves o muy graves.