El Gobierno pone en marcha la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria

El Consejo de Ministros del 3 de noviembre ha aprobado, en segunda lectura, el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Tras esta aprobación, la norma inicia ahora su trámite parlamentario de cara a que entre en vigor el 1 de noviembre de 2021, con tiempo suficiente para que el sector se pueda adaptar, ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Con las actualizaciones de la ley realizadas en febrero y las que ahora van a las Cortes Generales se avanza, de acuerdo con el ministro, en el compromiso del Ejecutivo de modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para impulsar un reparto más equitativo del valor añadido a lo largo de la misma. Asimismo, se fomenta la transparencia en la formación de precios y se protege a los eslabones más débiles de la cadena, al tiempo que se estimulan las relaciones comerciales y la innovación a través de la mejora de la operatividad de las transacciones.

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El proyecto de ley amplía su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, amplía la lista de nuevas prácticas comerciales desleales prohibidas y actualiza las infracciones y sanciones.

La nueva norma completa los cambios inaplazables introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación y que constituyó el primer paso en la mejora de la ley de la cadena iniciada este año por el Gobierno.

En esta segunda fase, se incorpora al ordenamiento nacional la Directiva 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Las modificaciones que se introducen amplían el ámbito de aplicación de la vigente norma y establecen mecanismos que la refuerzan para incrementar su eficacia.

Para el ministro, el proyecto de ley es un paso adelante para un sector, el agroalimentario, altamente competitivo y que ha hecho un trabajo excelente en los últimos siete meses para abastecer de alimentos a la población española y mantener el pulso exportador.

En busca de mayor eficiencia

Desde su promulgación, la Ley de la Cadena Alimentaria ha desempeñado un servicio esencial en el proceso de paulatino equilibrio de relaciones comerciales agroalimentarias.

Bajo la premisa de mejorar su eficiencia y darle un impulso, el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros incluye, entre otras mejoras, la ampliación del ámbito de aplicación espacial y material de la norma, y la ampliación de los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones. Asimismo, fruto de la trasposición de la directiva europea, se incorporan prácticas comerciales desleales que, a día de hoy, no están recogidas en la legislación española, como la modificación unilateral de contratos en lo que se refiere a volumen o la devolución de productos no vendidos. También se incorporan nuevas infracciones o se recalifican otras para asegurar la mejor aplicación de la norma, y se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de control de lo dispuesto en la ley en el ámbito nacional. La AICA será, además, punto de contacto y cooperación con otras autoridades y con la Comisión Europea.

Estas novedades se suman a las ya introducidas a principios de 2020 y que contemplan, entre otras medidas, que cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción, o que los costes de producción deben ser la base de la negociación de los contratos escritos y se obliga a incluir en los contratos alimentarios la indicación de que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción.

El Proyecto de Ley que ahora entra en el Congreso de los Diputados inició su tramitación el 1 de abril de este año mediante la consulta pública previa. Desde entonces se ha debatido con todos los operadores de la cadena y el resto de administraciones afectadas. Tras su paso, en primera lectura, por el Consejo de Ministros, se ha procedido a la realización del trámite de información pública y consulta a las comunidades autónomas y el sector, y a recabar los informes necesarios. El texto final es el que ha sido aprobado en segunda lectura por el Consejo de Ministros.