Agricultura insiste en la necesidad de introducir los costes de producción en la dinámica de negociación

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha comparecido este martes en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados con motivo de la incorporación a la normativa española de la Directiva 633/2019, de 17 de abril, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. “Tenemos que introducir los costes de producción en la dinámica de la negociación contractual y profundizar en un cambio de mentalidad, para competir en valor y no solo en precio”, afirmó Miranda en su intervención.

Se trata de la segunda fase de la modificación de la Ley de la Cadena, puesto que el Gobierno ya reformó los aspectos más urgentes e inaplazables de la norma.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se trata de una modificación normativa que tiene por objeto un cambio de cultura en las relaciones comerciales, para que las cadenas sean creadoras de valor y, consiguientemente, todos los eslabones obtengan una remuneración equilibrada por su actividad. Con ello, el Gobierno desea “incrementar la transparencia en la formación de precios, protegiendo al eslabón más débil –los agricultores y ganaderos-, consiguiendo un reparto más equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria y eliminando las situaciones de desequilibrio en la negociación contractual”.

La trasposición de la Directiva va a suponer la introducción de “medidas más ambiciosas, y comunes a escala europea, que persiguen esa misma finalidad de reequilibrar el reparto de valor a lo largo de toda la cadena alimentaria”. Para el MAPA, este enfoque es especialmente positivo para España, ya que el carácter exportador del sector agroalimentario se va a ver beneficiado con una protección reforzada en sus transacciones comerciales en toda la Unión Europea (UE), principal mercado español.

Durante la sesión también han comparecido el presidente de Mercasa, José Ramón Sempere; la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández; el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA); el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco; la vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Montse Cortiñas; el coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, José Manuel de las Heras; el secretario de La Unió de Llauradors i Ramaders, José Manuel Mesado; y la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA), Ángela Delgado.

En su intervención, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, presentó a los grupos parlamentarios las diez propuestas de mejora de la Ley de Cadena Alimentaria de su organización: la regulación de la venta a pérdidas; la inclusion del canal Horeca; la ampliación de las funciones del Observatorio de la Cadena y su compromiso con la elaboración de índices de costes que sirvan de referencia objetiva y pública; el reconocimiento de todos los costes de producción; la puesta en marcha de un registro oficial electrónico de contratos para poder ejercer un control administrativo por parte de la AICA; la consolidación y refuerzo del concepto de productos perecederos, para el pago a los 30 días; el refuerzo de la figura del mediador de la cadena; el refuerzo de la AICA; el refuerzo del compromiso y coordinación de las comunidades autónomas; y la aclaración de que los productos importados de países terceros se encuentran incluidos en la aplicación de todo el cuerpo de la Ley, no sólo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.

Entre las propuestas de UPA, desgranadas en la Comisión por su vicesecretaria general, Montse Cortiñas, destacan que las asociaciones de operadores puedan presentar denuncias, que se establezca un registro oficial de contratos de compraventa de alimentos o que se adecúen las funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria para dar más transparencia y más justicia a las relaciones entre los eslabones. UPA insiste también en la necesidad de crear la figura de un mediador que actúe en casos de conflicto entre partes.

Por su parte, José Manuel de las Heras (Unión de Uniones) ha pedido "valentía" en la modificación de la Ley y que se incluyan mecanismos "para mejorarla", como la definición de posición de dominio, la prohibición de reventa a pérdidas o la "necesaria" aplicación de una fórmula de costes de producción que estén más cercanos a la realidad.

En un comunicado, la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL) destaca que "la actual ley no aclara a quién corresponde -comprador o vendedor- la responsabilidad de comprobar el verdadero coste de la producción en la transacción comercial, lo que afectaría a la seguridad jurídica en la operación comercial", y que "según está establecida la ley, los productores españoles no podrán vender hasta que el precio del mercado esté por encima del coste de producción, una situación que da ventaja a mercados competidores de terceros países, como Marruecos, que tienen unos costes de producción muy bajos".