12/02/2020
En la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, Fernando Miranda destacó el mandato del ministro Luis Planas de abrir nuevas mesas de diálogo con todos los agentes de la cadena alimentaria y trasladó la propuesta de hacer más robustas las cadenas de valor, para que los productores puedan beneficiarse mejor del resultado de sus trabajos. Para ello, anunció, el Ejecutivo trabaja en la reforma de tres leyes: la Ley de Organizaciones Interprofesionales, la Ley de la Cadena y la Ley de Integración Cooperativa.
A través de la modificación de la Ley de la Cadena, explicó Miranda, se pretende incluir una relación más precisa de prácticas comerciales prohibidas, establecer una regulación contra la destrucción del valor de los productos agrarios a lo largo de la cadena, e imponer la obligatoriedad de la inclusión del coste de producción como factor para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios.
El pasado 11 de febrero se celebraron en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la novena reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria y el Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ambos encuentros presididos por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda.
En la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, Fernando Miranda destacó el mandato del ministro Luis Planas de abrir nuevas mesas de diálogo con todos los agentes de la cadena alimentaria y trasladó la propuesta de hacer más robustas las cadenas de valor, para que los productores puedan beneficiarse mejor del resultado de sus trabajos. Para ello, anunció, el Ejecutivo trabaja en la reforma de tres leyes: la Ley de Organizaciones Interprofesionales, la Ley de la Cadena y la Ley de Integración Cooperativa.
A través de la modificación de la Ley de la Cadena, explicó Miranda, se pretende incluir una relación más precisa de prácticas comerciales prohibidas, establecer una regulación contra la destrucción del valor de los productos agrarios a lo largo de la cadena, e imponer la obligatoriedad de la inclusión del coste de producción como factor para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios.
En la reunión del Consejo Asesor se ha presentado la “Memoria anual de actividades de 2019”, así como los resultados acumulados desde el inicio de su actividad (2014), y se han marcado los objetivos de la entidad para 2020.
La directora de AICA, Gema Hernández, ha destacado que en 2020 se abre para AICA una nueva etapa, “un año en el que nos tenemos que preparar para la trasposición de la directiva de Prácticas Comerciales Desleales y su aplicación”.
Hernández ha expuesto las principales líneas de trabajo del plan de actuaciones de control de la Agencia para 2020. Además ha indicado que continuará con la labor de información sobre la Ley de la Cadena y dará a conocer el papel que desempeña la agencia entre agricultores y ganaderos, industria y distribución, ya que “el desconocimiento y/o el ‘no querer ver la realidad’ es uno de los problemas a abordar”, según Hernández. En este sentido, ha hecho un llamamiento a que todas las organizaciones profesionales colaboren de la mano para que AICA sea un organismo conocido por todos.
Actividad de control
Desde el comienzo de su actividad inspectora y hasta el 31 de diciembre de 2019, los inspectores de AICA han realizado 4.264 inspecciones de oficio, de los que destacan 1.448 realizadas en el sector de frutas y hortalizas; 795, en el vitivinícola; 776, en el lácteo; 569, en el del aceite de oliva; 128, en el bovino; 125, en el de cereales; 107, en porcino; y 101, en avícola. A estas hay que añadir las inspecciones realizadas en otros sectores como ovino y caprino, cultivos forrajeros, huevos, cultivos industriales, aceituna de mesa, cunícola, conservas vegetales, miel, equino, conservas de pescado o frutos secos.
Además de los programas de control e inspección efectuados de oficio, AICA ha analizado todas las denuncias que se le han presentado, un total de 293 en seis años.
El motivo más frecuente de sanción se debe al incumplimiento de los plazos de pago (49%), ausencia de contratos (16%), no incluir los extremos mínimos en los contratos (13%) y no suministrar la información requerida (11%). Un 39% de las infracciones sancionadas son atribuidas a la industria agroalimentaria, el 37% a la distribución comercial mayorista, el 16% a la distribución minorista y el 8% a productores. El importe de las sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena ascendió a 10,98 millones de euros.