En jaque: el efecto de la reducción de materias activas para fitosanitarios

Por Blanca Cortés, periodista agroalimentaria

Los productos fitosanitarios, utilizados principalmente para mantener saludables los cultivos y protegerlos de plagas y enfermedades, están regulados por un extenso marco normativo a nivel europeo que busca su uso sostenible para garantizar la salud humana, animal y del medio ambiente, incrementando las exigencias, complicando, con ello, ese control de plagas y enfermedades en muchos cultivos, al reducir el número de materias activas disponibles sin que se hayan introducido en el mercado otras nuevas con una eficacia similar.

Algunas de las que quedan tienen restricciones de uso o están en la casilla de salida, bien por imposición europea o por decisión de las compañías que los formulan, y se crea además otro problema añadido: las plagas generan resistencia porque los agricultores no pueden alternar sustancias en los tratamientos al haber pocos productos permitidos.

El sector productor habla de una drástica reducción de esas materias activas disponibles, la industria la cifra en el 60% y la Administración lo califica como un proceso de sustitución en el que los problemas específicos se hacen frente con autorizaciones excepcionales.

Todos comparten el objetivo de proteger la salud pública y el medio ambiente, así que el problema reside en que el sector no cuenta con unas alternativas eficaces a esas materias activas eliminadas para proteger los cultivos y garantizar una producción de alimentos sanos, sostenibles, seguros y asequibles.

Cultivos afectados

Todos los cultivos, en mayor o menor medida, se están viendo afectados por la falta o reducción de materias activas para compuestos fitosanitarios. Los cítricos, están entre ellos, y desde la Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA se considera que “es uno de los cultivos más perjudicados, tanto por el número de sustancias prohibidas como por las nefastas consecuencias que han supuesto estas limitaciones a la hora de combatir las plagas y enfermedades”, según destaca su presidente, Cristóbal Aguado.

El presidente de AVA-ASAJA pone como ejemplo los efectos de la supresión del Clorpirifos y Metil-Clorpirifos sin contar antes con alternativas químicas de similar eficacia. “Ha expandido a niveles sin precedentes el Cotonet de Sudáfrica, originario de ese país, ocasionando unas pérdidas superiores a los 200 millones de euros en la pasada campaña citrícola solo en la Comunitat Valenciana.

Además, la siguiente materia activa que va a prohibirse es el Sulfoxaflor, lo que dificultará aún más la precaria lucha contra el Cotonet de Sudáfrica”, afirma.

“No tiene ningún sentido suprimir materias activas fitosanitarias a los citricultores de la Unión Europea, alegando su riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y al mismo tiempo permitir, e incluso fomentar, la llegada a Europa de importaciones procedentes de países terceros que siguen utilizando esas sustancias”, indica el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, quien considera esta situación como una competencia desleal, con negativas consecuencias para la salud humana, el medio ambiente y la competitividad de los cultivos europeos que sí cumplen los máximos estándares de seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental, lo que comporta mayores costes de producción.

El Ministerio de Agricultura subraya, por su parte, que se realiza un estricto control en las fronteras, pasando de un modelo abierto en el que todo está autorizado excepto lo prohibido, a un enfoque mucho más restrictivo en el que todo está regulado y controlado, de manera que hoy solo hay cinco productos que no son objeto de regulación fitosanitaria en frontera (plátano, dátil, durión, piña y coco).

“Efectivamente, este mundo globalizado supone mayores riesgos y el control de las enfermedades es más complicado. Pero enfermedades de todo tipo: animales, vegetales y humanas”, precisa el director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Valentín Almansa, quien recuerda que España es el séptimo exportador mundial en valor de productos agroalimentarios.

El riesgo ante esa globalización y el auge del comercio alimentario internacional, que facilitan la llegada continua de nuevas plagas, enfermedades y malas hierbas “es que, con la tendencia actual de insuficiente reposición de soluciones, no haya herramientas a las que echar mano porque el desarrollo de una sustancia activa requiere 11 años de media”, apunta Carlos Palomar, director general de AEPLA, la asociación empresarial que representa a la industria de la sanidad vegetal española.

Combatir plagas y enfermedades

Y es que la reducción de materias activas para fitosanitarios está suponiendo un aumento precisamente de las plagas y enfermedades en los cultivos. El sector productor lo tiene muy claro: se está registrando una mayor presión de plagas y más dificultades y costes para poder sacar las producciones. “Y esto nos está llevando además a tener nuevas plagas, que podemos llamar secundarias, que hasta hace poco las teníamos olvidadas y que están proliferando y causando bastantes mermas en la producción en las últimas campañas”, declara José Antonio Rodríguez, presidente de la Sectorial de Suministros de Cooperativas Agro-alimentarias de
España.

El Ministerio de Agricultura insiste: no se puede hablar de falta de materias activas, aunque sí es cierto que, en algunos casos, es necesario utilizar otras sustancias nuevas que, a veces, suponen cambios en la manera de gestionar los cultivos y hacen necesario adaptaciones. “Pero esto no es nuevo y es una realidad de nuestro modelo productivo que avanza de manera permanente. No tiene nada que ver lo que hacen hoy nuestros agricultores en materia de lucha fitosanitaria con lo que hacían hace 15 o 20 años”, afirma Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria. Así, recuerda que, cuando ha sido necesario afrontar la falta de materias activas autorizadas, se ha recurrido a autorizaciones excepcionales de las mismas, si bien España ha pasado de más de 100 autorizaciones excepcionales a mediados de la década pasada a aproximadamente 30 en los últimos años.

Lo cierto es que la puesta en el mercado de un producto fitosanitario exige una evaluación de los usos agrícolas del producto en cuestión, tanto para comprobar que su uso no representa ningún riesgo para la salud humana, animal ni efecto inaceptable para el medio ambiente como para testar que el producto es suficientemente eficaz contra la plaga, enfermedad o mala hierba a combatir. Lo explica el director científico-técnico de la Unidad de Productos Fitosanitarios (UPF) del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), José Luis Alonso Prados, quien señala que “no sólo se evalúa la eficacia, sino que también la fitotoxicidad en el cultivo tratado, los posibles efectos en cultivos rotacionales y el riesgo de aparición de resistencias y su manejo”.

A esto se suma la gestión integrada de plagas, que prima el uso de múltiples herramientas disponibles de gestión del cultivo, haciendo que el producto fitosanitario solo sea utilizado cuando no hay otra alternativa. De este modo, el Ministerio de Agricultura destaca la existencia de herramientas suficientes para hacer frente a las plagas que puedan tener los cultivos, incluyendo las prácticas culturales, la lucha biológica y la lucha química. “Cuando tenemos constancia de que no existe alternativa química, cuando tampoco hay alternativa biológica y cuando tampoco se puede abordar la lucha únicamente con prácticas culturales, es cuando recurrimos a la autorización excepcional de sustancias prohibidas en condiciones concretas y por tiempo limitado”, resalta Valentín Almansa.

Otra gran oportunidad son las nuevas tecnologías y la digitalización, que permiten hacer una gestión sanitaria de precisión, según señala el director general de AEPLA, si bien admite que eficiencia, gestión integrada, precisión y seguridad “no servirán de nada si la sociedad y los legisladores no lo reconocen, con un marco regulatorio que fomente la innovación y provea de herramientas al agricultor”.

Todo ello demuestra el nivel de adaptación que muestra el sector hacia un uso más sostenible que cuide el entorno y satisfaga al consumidor, que es “excepcional” para el sector, “eficiente” para

El coste de reducir

Y es que la reducción de la lista de materias activas permitidas para fitosanitarios se traduce en un significativo incremento de costes de producción para el agricultor. Pero también supone un mayor coste para la sociedad, puesto que con los productos alternativos de los que se dispone hay que multiplicar hasta por cuatro, según los casos, los tratamientos que se hacen en campo con maquinaria, de forma que se multiplica también el consumo de energía, de agua y la aportación a la huella de carbono. A esto, el presidente de la Sectorial de Suministros de Cooperativas Agro-alimentarias de España suma otro factor: “no estamos quitando todas estas sustancias que nos prohibimos en Europa de la cesta de la compra de los europeos, porque sí están autorizadas en otros territorios de los que importamos sus productos, con la consiguiente reducción de la competitividad que nos supone a los agricultores, resintiendo nuestra ya maltrecha economía”.

Las Estrategias ‘De la Granja a la Mesa’ y Biodiversidad 2030 plantean objetivos como reducir un 50% el uso y riesgo de los fitosanitarios y exigir que un 25% de la agricultura sea ecológica. Todo ello de aquí al 2030. “Estos son cuando menos irreales si al mismo tiempo se quiere mantener la competitividad y productividad agrícola europea”, detalla el director general de AEPLA, quien destaca, además, que la preocupación del sector ha crecido el último mes tras la presentación de la propuesta de la Comisión Europea para el Reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios que, según la AEPLA, no profundiza en el uso sostenible de estos productos con la introducción de tecnologías y la innovación en la aplicación y podría provocar el abandono de tierras y el aumento de la despoblación.

Mientras, los productores están aplicando múltiples medidas preventivas para evitar el desarrollo de las plagas o enfermedades sin tener que aportar productos químicos, que además han evolucionado y nada tienen que ver con los de hace varias décadas. “Eso es algo que debemos transmitir a la sociedad: que los agricultores somos los mayores ecologistas; nuestro proyecto vital es nuestro entorno y no hay nadie con mayor conciencia medioambiental que nosotros”, destaca el presidente de la Sectorial de Suministros de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

“El riesgo cero no existe en nada y la reducción de materias activas para fitosanitarios debe hacernos poner en una balanza pros y contras, cosa que no se está haciendo a la hora de tomar estas decisiones, y que cuando se decida quitar una sustancia fitosanitaria haya una solución viable al problema que solucionaba, porque en Europa necesitamos ser autosuficientes en la obtención de nuestros alimentos, y que no es posible sostenibilidad medioambiental sin sostenibilidad económica”, afirma José Antonio Rodríguez Vázquez.

A ello se debe añadir, según AEPLA, la introducción de nuevas tecnologías y soluciones integradas para la protección de los cultivos, como la tecnología de aplicación y precisión, la utilización de drones, y las herramientas digitales como el monitoreo de plagas o la optimización de insumos. En definitiva, “potenciar las oportunidades que nos ofrecen los productos fitosanitarios con nuevos perfiles cuyo marco de aprobación debería favorecerse y acelerarse”, afirma Carlos Palomar.

Búsqueda de alternativas

Cabe preguntarse, así, qué se está haciendo para conseguir más herramientas alternativas en este contexto de reducción de materias activas. “A nivel europeo se está apostando por avanzar en una eficiente puesta en el mercado de productos fitosanitarios de bajo riesgo y se han elaborado los nuevos requisitos de datos y principios uniformes para sustancia activa y productos fitosanitarios basado en microorganismos que serán publicados a finales de este año 2022”, asegura el director científico-técnico de la Unidad de Productos Fitosanitarios (UPF) del INIA, José Luis Alonso Prados.

En el ámbito nacional, se ha incrementado la eficiencia en el proceso administrativo de autorización y registro, se ha divulgado el concepto de gestión de plagas y se han puesto en marcha modelos de autorización más sencillos para los denominados cultivos menores, que por su escaso volumen no son prioritarios para las empresas químicas. “Muchas soluciones están ahí y no solo en el uso de una sustancia química exclusivamente”, menciona Valentín Almansa desde el Ministerio de Agricultura, que es el encargado de la evaluación y registro de productos. “Pero es imposible evaluar y registrar productos si las empresas no investigan y presentan dosieres para su estudio y aprobación”, agrega el director general de Sanidad de la Producción Agraria.

AEPLA asegura que el sector invierte y que le gustaría hacerlo más, abogando por establecer un marco regulatorio que incentive la innovación, que sea estable, predecible y que considere el balance riesgo-beneficios en los fitosanitarios, además de rápido para así aprobar nuevas soluciones, fitosanitarios de bajo riesgo, biosoluciones y tecnología auxiliar para una aplicación de precisión y de menor impacto. “La regulación inteligente no se refiere sólo a la autorización de fitosanitarios sino a las nuevas técnicas de edición genómica, al tratamiento de semillas, la digitalización y la agricultura de precisión.

La combinación de todos estos elementos, más un asesoramiento profesional e independiente, permitirá cumplir con los objetivos de aumentar la productividad con optimización de los recursos”, explica su director general, Carlos Palomar.

Para el director científico-técnico de la Unidad de Productos Fitosanitarios del INIA-CSIC existen medios con los que afrontar los cambios que se esperan en la sanidad vegetal durante los próximos años y un apoyo a la investigación en plagas emergentes, de forma que apuesta por el control integrado como una herramienta fundamental en un futuro próximo para el control de plagas ante esta reducción de materias activas para fitosanitarios. José Luis Alonso Prados considera, así, necesario seguir desarrollando conocimientos en este ámbito para la toma de decisión en campo a la hora de aplicar una medida y para el uso de microorganismos y lucha biológica, prestando además especial atención en el desarrollo de resistencias y desarrollando moléculas con nuevos modos de acción que sean respetuosas con el medio ambiente y menos peligrosas que las existentes.

La gestión integrada de plagas es el factor que subraya también el director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura. “No hablamos de quimeras, hablamos de realidades (…) y la gestión Integrada de plagas es sin duda la herramienta clave para el futuro. Pero insisto, es ya una herramienta de presente para muchos de nuestros productores”, señala. Almansa remarca que “nadie está pensando en una agricultura sin fitosanitarios; sencillamente no es realista” y reconoce que hay importantes cambios en el “menú” de productos fitosanitarios, materias nuevas menos persistentes, más técnicas y más específicas, etc., generando una nueva situación a la que hay que adaptarse y “cambiar a veces los modelos de gestión de las explotaciones”.