'Es necesario el establecimiento de normas más explícitas y contundentes que refuercen la protección de las DOP e IGP'

Redacción

La localidad jienense de Bedmar acogió del 10 al 12 de noviembre las XII Jornadas de Origen España en Sierra Mágina bajo el epígrafe ‘Territorio y Calidad’. En ellas, representantes de las DO e IGP españolas compartieron sus puntos de vista sobre los distintos retos a los que se enfrentan nuestras figuras de calidad y departieron sobre posibles soluciones. Agricultura aprovechó la ocasión para tratar diversos focos de actualidad con el presidente de Origen España, Jesús González.

AGRICULTURA.- ¿Cómo deben actuar los consejos reguladores ante una empresa que desee comercializar un producto elaborado a partir de algún ingrediente con DO o IGP?

JESÚS GONZÁLEZ.- Lo primero que hay que mencionar es que las Indicaciones Geográficas contamos con unas Directrices sobre etiquetado de productos alimenticios que utilizan como ingrediente DOP e IGP, de aplicación voluntaria, que sirven de guía en la actualidad. Sin embargo, este documento actualmente se queda corto debido al alcance, cada vez mayor, de este tema. Es un asunto sobre nuestra mesa de trabajo que se debatió en la última asamblea general de Origen España, ya que queremos redactar un documento de posicionamiento que recoja nuestra postura definida y uniforme en cuanto a ciertos puntos comunes para todas las Indicaciones Geográficas. Es necesario trabajarlo ampliamente y con anterioridad a una posible futura legislación.

Pero a la vez, queremos y tenemos que respetar la autonomía de los plenos de cada órgano de gestión en la toma de decisiones. Por ejemplo, tiene que ser potestad de cada Consejo Regulador la decisión en cuanto a que la frase “elaborado con” vaya acompañada o no de su logotipo o incluso del logotipo europeo de DOP o IGP, en función de que lo consideren como una forma adecuada para dar garantías a los consumidores y que además ayude a reconocer el ingrediente amparado por la DOP o IGP en la composición del producto elaborado. También consideramos interesante poder concretar los requisitos técnicos y condiciones que afectan al uso de los ingredientes con Indicación Geográfica; a la redacción de contratos de colaboración con los operadores interesados en la fabricación y comercialización de productos elaborados; y a la utilización del nombre y de la imagen de las Indicaciones Geográficas (DOP o IGP) en los envases y en las etiquetas de dichos productos.

AGR.- Hablaba usted durante la jornada de Bedmar de la necesidad de diferenciar entre oportunidades comerciales y oportunismos. ¿Cómo se consigue esto en la práctica?

J. G.- Los productos agroalimentarios con sello DOP e IGP, debido a su gran reputación, en ocasiones son objeto de usurpaciones e imitaciones. Llamémosle fraude o picaresca, pero todo se encuadra dentro de un oportunismo comercial que afecta directamente tanto a productores como a consumidores de estos productos.

Tenemos que recordar que los productores, con el reconocimiento de estos productos, obtienen una protección legal contra la producción y/o elaboración de tales alimentos en otras zonas o con parecidos ingredientes y procedimientos. Por eso insistimos en que todos los eslabones de la cadena (productores, industrias, distribución, etc.) tienen el compromiso de evitar la confusión al consumidor, diferenciado de manera clara y sencilla a este tipo de productos frente a los demás, para que no se beneficien de su prestigio y reputación.

Como complemento a este compromiso y obligación del propio sector están los programas de control que desarrollan y aplican los órganos de gestión de las DOP e IGP, así como los controles específicos que realizan las autoridades y administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias (protección de los consumidores, lucha contra el fraude, etc.).

AGR.- Actualmente siguen surgiendo marcas públicas que vinculan territorio y calidad agroalimentaria y que pueden representar un agravio comparativo para figuras oficiales de calidad reconocidas por la Unión Europea. ¿Cómo se posiciona origen España en este asunto?

J. G.- Es evidente que vivimos en una sociedad integrada por consumidores cada vez más exigentes, conscientes e informados, especialmente en lo que se refiere a productos de consumo. En este contexto, ciertas administraciones públicas de los Estados miembros han llevado a cabo iniciativas de promoción de productos de sus propios territorios que llevan aparejada la implantación de una marca, normalmente de connotaciones o significado geográfico, destinada a su uso por parte de operadores que comercializan producto de una zona geográfica determinada. Este tipo de marcas comportan riesgos de contravenir diversas disposiciones del ordenamiento jurídico, y resulta necesario y oportuno que esta situación sea abordada en la revisión de los regímenes de DOP e IGP de la Unión Europea.

Sabemos que desde la Comisión Europea se sigue trabajando en la protección de los regímenes de calidad de la UE frente a la aparición de marcas que han sido impulsadas a espaldas de la política de calidad de la Unión, por eso desde la asociación apoyamos la puesta en marcha de un programa de control sobre las marcas creadas que no han sido notificadas a la Comisión o que están en contra de los informes de la Comisión.

En la actualidad, combatimos este problema presentando oposición a estas marcas o instando su nulidad, por entrar en conflicto con las figuras de calidad, ya que las DOP e IGP son el único instrumento para asociar una calidad reconocida a un origen geográfico. Es un fundamento que ha sido corroborado por la Comisión Europea y por el Tribunal de Justicia de la UE.