31/10/2019
El propósito de dicho convenio es proteger los productos agroalimentarios con sello europeo de calidad diferenciada DOP (Denominación de Origen Protegida) e IGP (Indicación Geográfica Protegida), de modo que impulse la lucha contra el fraude, se garantice la leal competencia entre empresas del sector y, sobre todo, se proteja a los consumidores.
Durante la reunión se han repasado casos prácticos de investigación de fraude, al amparo del convenio firmado, como los desarrollados en Tenerife o Córdoba con relación a la venta fraudulenta de jamones DOP Los Pedroches u otros que simulaban ser de Jabugo. Asimismo, se han analizado otros casos actualmente en vías de denuncia o que generan especial preocupación en sectores de productos diversos (como quesos, aceites de oliva virgen, pimentón y futas) acogidos a sellos de calidad diferenciada. Y es que, como se recuerda desde Origen España, "cuando detectemos que la calidad de un producto no se corresponde con la etiqueta, se debe denunciar".
En 2016 de la EUIPO (la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) realizó un estudio en el que se medía el alcance del fraude de las comúnmente conocidas como “denominaciones de origen”. Su conclusión, basada en una combinación de investigación sobre datos de muestreo de infracción y extrapolación, indicó que los consumidores de la UE gastaron 2.300 millones de euros al año "al pagar un precio superior por lo que creen que es un producto con DOP/IGP genuino, mientras que en realidad son víctimas de engaño". La tasa de infracciones en España en 2014 fue de un 5,7%, con un valor de mercado de 266,1 millones de euros.