Castilla-La Mancha y Aragón proponen una reformulación de la PAC más "igualitaria"

Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Aragón han suscrito un acuerdo marco sobre cuestiones que consideran esenciales en la reforma de la PAC 2023-2027, entre las que se incluyen la desaparición de los derechos históricos de pago; el alcance de una convergencia total desde el año 2023 y la reducción del número de regiones agronómicas.

Asimismo, en el decálogo firmado en Toledo por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se establece un techo de ayuda por explotación y una ayuda redistributiva, así como el apoyo contundente a la ganadería extensiva, a la agricultura y ganadería familiar y a los profesionales; y que se garantice un ecoesquema de apoyo a la agricultura ecológica de mantenimiento.

Ambas comunidades han remarcado su apuesta por un modelo de agricultura y ganadería familiar, apoyando a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el territorio y que son las que generan actividad económica y empleo en los pueblos.
 
Además, piden dar prioridad a las mujeres con un incremento real del 5% en pagos directos y que la PAC incluya la condicionalidad social, de forma que solo los agricultores y ganaderos que cumplan la normativa en materia laboral puedan cobrar las ayudas.
 
En común, también, la convergencia de las ayudas, para que los agricultores cobren lo mismo independientemente de donde se encuentren sus explotaciones, algo que actualmente no sucede, con mermas en Castilla-La Mancha de 40 euros de ayudas con respecto a la media nacional.
 
Para Martínez Arroyo, hay que “fomentar el trato igualitario”, de manera que “un agricultor, independientemente de dónde esté su explotación, cobre lo mismo por hectárea”. “Los dos gobiernos queremos un cambio real en el sector agrario”, cambiando “radicalmente” el planteamiento y apoyando el modelo de agricultura familiar y profesionalizada.
 
Además, en palabras del titular de Agricultura castellanomanchego, hay que orientar los trabajos en las próximas semanas y meses en apoyar al agricultor y ganadero profesional, “implementándose un pago redistributivo, con un pago extra para primeras hectáreas, que se financiaría aplicando un techo por explotación limitando las ayudas a las explotaciones más grandes”, siempre teniendo en cuenta la generación de empleo.
 
Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, ha recordado que ambas comunidades autónomas comparten problemas como la despoblación y la brecha de renta que tienen los agricultores profesionales, pero también la ambición de hablar claro “para que se entienda perfectamente a quiénes queremos favorecer, que no son otros que los agricultores profesionales del modelo familiar, los que aspiran a poder vivir de su trabajo y su vocación; los jóvenes que se están incorporando y a quienes tenemos la obligación de apoyar; y las mujeres, para quienes no solo vale hablar de igualdad de género, sino que solicitamos un 5% más de ayuda para reducir la brecha que existe”, ha asegurado.

Esta firma se enmarca dentro del ‘Pacto de Almagro’ rubricado en marzo de 2018, en el cual se fijaba el modelo de agricultura que ambas comunidades autónomas consideraban adecuado y donde se recogían las medidas y condiciones que debían integrar la futura PAC a aplicar a partir de 2021.