El MAPA plantea una PAC más social, sostenible y de futuro

Medidas del PEPAC

Las ayudas contempladas en la PAC 2023-2027 se pueden dividir en tres grandes bloques: ayudas directas, medidas de desarrollo rural y programas sectoriales.

El primero de los bloques hace referencia a las ayudas directas de la PAC y cuenta con un presupuesto, para nuestro país, de 4.828 millones de euros al año. Tal y como describen desde el propio Ministerio, las ayudas directas “son un elemento esencial de apoyo a la renta de los agricultores y las agricultoras” y “funcionan como una red de seguridad para sus ingresos”, que de media son un 30% menores que los de los profesionales de otros sectores económicos. Gracias a ellas, se puede remunerar a los trabajadores del campo por aspectos que no remuneran los mercados pero que son vitales para la sociedad: el abastecimiento de alimentos, el respeto medioambiental y climático y el progreso del medio rural. Además, dotan de resiliencia al sector agrario, proporcionando una estabilidad a los ingresos de las explotaciones que contrarresta la inestabilidad de los mercados o de la propia meteorología.

Para recibir estas ayudas directas, son condiciones indispensables que el profesional cumpla con la definición de agricultor activo; que acometa unas normas y buenas prácticas en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal y bienestar de los animales (en caso contrario, los pagos disminuyen o desaparecen) -lo que se ha denominado condicionalidad reforzada-; y que cumpla la legislación laboral para la percepción de las ayudas -condicionalidad social-.

Algunas de estas ayudas a la renta son la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (2.462 millones/año), el pago redistributivo (483 millones/año), el pago a jóvenes (96,5 millones/año), los eco-regímenes (1.110 millones/año) y las ayudas asociadas a la producción (676 millones/año).

El segundo bloque de ayudas PAC corresponde a los programas sectoriales y tiene un presupuesto de 582 millones de euros al año. Incluye los dirigidos a frutas y hortalizas, vino y apicultura. Se trata de programas que tienen en cuenta las necesidades de cada sector y que pueden abarcar aspectos muy diversos, como la promoción de productos, la innovación, la lucha contra plagas, la reducción del impacto ambiental o climático, etc.

Las medidas de desarrollo rural conforman el tercer bloque. Para ellas están disponibles 1.762 millones de euros al año (1.080 millones corresponden al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural -FEADER-). Contribuyen a un desarrollo territorial “equilibrado” mediante la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales. El 47,8% de este presupuesto está destinado a medidas de carácter ambiental.

¿Qué destaca en el PEPAC 2023-2027?

Hay una serie de novedades en el Plan Estratégico remitido por el Ministerio a la Comisión Europea que consideramos interesante analizar.

Desde el MAPA consideran que el PEPAC contiene las “intervenciones necesarias para alcanzar los objetivos de la PAC y la ambición del Pacto Verde Europeo basadas en un análisis minucioso del sector agrario y el medio rural en su conjunto”. Su finalidad es “el desarrollo sostenible de la agricultura, la alimentación y las zonas rurales para garantizar la seguridad alimentaria de la sociedad a través de un sector competitivo y un medio rural vivo”.

En ese sentido, para el organismo, dichas novedades introducen a la nueva PAC en una nueva dimensión con tres características: tendrá más en cuenta a la “clase media” agraria; se generará equilibrio entre la sostenibilidad económica y la sostenibilidad ambiental; y será una PAC de futuro.

Una PAC para la “clase media”

Uno de los principales objetivos para el Ministerio de Agricultura a la hora de pergeñar este PEPAC era proporcionar las herramientas necesarias que ayuden a mejorar la rentabilidad de pequeñas y medianas explotaciones, las mismas que aportan una serie de valores diferenciales a nuestra sociedad, pero para las que la supervivencia nunca ha sido tarea sencilla.

Una de esas herramientas es la oportunidad que se brinda al relevo generacional y a la incorporación de mujeres. Dentro del nuevo enfoque estratégico del relevo generacional que incluye el Plan está la nueva definición de jóvenes agricultores y agricultoras, que “favorece la simplificación y reducción de burocracia”, señalan desde el MAPA. El presupuesto destinado a incentivos de incorporación de savia nueva en el campo será de 230 millones de euros al año. En la asignación de derechos de pago de la reserva nacional se priorizará a los y las jóvenes recién instalados en la actividad agraria.

En cuanto a la situación de las mujeres, la próxima PAC será la primera que incorpore enfoque de género con el objetivo de combatir la desigualdad imperante con respecto a sus homólogos masculinos en el campo (brecha de género, menor tasa de empleo de mujeres, etc.).

Medidas concretas: el pago complementario a la ayuda básica a la renta para jóvenes de hasta 40 años, dirigido a personas que se incorporan por primera vez y de manera reciente como jefe o jefa de explotación y que cumplan con criterios mínimos de capacitación agraria. El importe es el valor medio regional de los derechos de pago hasta un máximo de 100 hectáreas (si la beneficiaria es mujer, aumenta un 15%), y la duración de la ayuda es de 5 años.

Otro de las medidas orientadas a impulsar pequeñas y medianas explotaciones se concreta en el pago redistributivo a las mismas. Se trata de un pago complementario a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS) y se concede a las primeras hectáreas de todas las explotaciones.

“Este pago se ha diseñado para favorecer a las explotaciones medianas profesionales utilizando un doble umbral para cada una de las 20 regiones agrarias”, explican desde el MAPA. Así, en las primeras hectáreas de la explotación, y hasta el primer umbral (X hectáreas), el pago redistributivo será del 20% del valor medio regional. A partir de ese primer umbral (X hectáreas), y hasta un segundo umbral (Y hectáreas), el pago redistributivo será del 40% del valor medio regional. Serán pues las explotaciones medianas las más favorecidas por esta medida.

Otros términos a los que nos deberemos acostumbrar son los de la limitación de pagos o capping y degresividad. Los importes de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad se limitarán por persona beneficiaria y año en la próxima PAC. Se acometerá una reducción progresiva de los importes que superen los 60.000 euros: del 25% entre 60.000 y 75.000 euros; del 50% entre 75.000 y 90.000 euros; y del 85% entre 90.000 y 100.000 euros. Esta última cifra marca la limitación del importe a recibir. Para el cálculo de la limitación de ayudas o de la reducción progresiva de las mismas, los perceptores pueden descontar del valor de su ABRS sus costes laborales. Ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta. Esta medida busca un reequilibrio de fuerzas evitando que el dinero vaya a grandes explotaciones que no requieran un apoyo tan importante como las pequeñas y medianas.

La mencionada ayuda básica a la renta (ABRS) tiene el objetivo de “incrementar la remuneración de las explotaciones agrarias y contribuir a su resiliencia”. Finalmente, el 61% del presupuesto español se destinará a los pagos directos para ayudas directas a la renta mediante la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (51%) y el pago redistributivo (10%).

La nueva PAC profundizará en la llamada convergencia interna: “el valor individual de los derechos de pago de la ABRS convergirá hacia las medias regionales de las nuevas 20 regiones. Esta transición requiere que, mientras no se alcance la plena convergencia, la ABRS deba concederse a través de derechos individuales”. En la hoja de ruta del PEPAC se indica que, en 2026, el valor de todo derecho deberá haber alcanzado, al menos, el 85% del valor medio regional, y en 2029 se llegará a la plena convergencia.

Equilibrio entre la sostenibilidad económica y la sostenibilidad ambiental

Aferrados a una máxima: la sostenibilidad económica depende de la sostenibilidad ambiental y viceversa. Europa quiere una PAC más verde y, por eso, habrá más requerimientos ambientales. Sin embargo, el respeto por el medio ambiente no es nuevo para nuestros agricultores y ganaderos. Muchas de estas estrategias ya se cumplen desde hace años. El objetivo es afianzar lo ya trabajado. Y, por supuesto, esas estrategias más sostenibles deben ser asumibles desde la rentabilidad de las explotaciones, indican desde el MAPA. Si una explotación no es viable económicamente, no habrá explotación.

Dos conceptos a tener en cuenta: condicionalidad reforzada y eco-regímenes.

La condicionalidad reforzada hace referencia a un nivel mínimo de compromiso medioambiental y climático de carácter obligatorio que debe cumplir un beneficiario de las ayudas directas de la PAC y de los pagos por superficie de desarrollo rural. El adjetivo ‘reforzada’ tiene que ver con el incremento de la ambición medioambiental y climática de la condicionalidad que ya se veía aplicando.

Cuenta con once requisitos legales de gestión (RLG) y diez buenas condiciones agrícolas y medioambientales (BCAM). En ambas categorías se incluyen aspectos de la condicionalidad existente actualmente y se añaden aspectos novedosos -como las directivas sobre política de aguas y uso sostenible de plaguicidas, en los RLG; y la protección de humedales y turberas y la fertilización sostenible, en las BCAM- y normas anteriormente incluidas en el pago verde o greening (en algunos casos, con mayor exigencia) -como las BCAM relativas al mantenimiento de los pastos permanentes, la cobertura mínima de suelo en los periodos más sensibles, el porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no productivos y la prohibición de convertir o arar los partos permanentes declarados sensibles en espacios Natura 2000.

Los eco-regímenes, por su parte, tienen la finalidad de remunerar a las explotaciones que lleven a cabo prácticas, ya sea agrícolas, ya sea ganaderas, beneficiosas para el medio ambiente mediante compromisos anuales voluntarios. En este caso, el nivel de exigencia debe ser mayor que el de las prácticas relativas a la condicionalidad.

El PEPAC propone siete prácticas concretas agrupadas en dos grupos de eco-regímenes: las relativas a agricultura baja en carbono, como el pastoreo extensivo; la agricultura de conservación: siembra directa (con gestión sostenible de insumos de regadío); las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos; y la práctica de cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos; y las asociadas a la agroecología, como la siega sostenible y el establecimiento de islas de biodiversidad en las superficies de pastos; las rotaciones en tierras de cultivo con especies mejorantes (con gestión sostenible de insumos en regadíos); y los espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes (con gestión sostenible de insumos en regadíos): superficies no productivas y elementos del paisaje. “Medidas, en definitiva”, señala el ministro Planas, “enfocadas a mejorar la calidad de nuestros suelos, al reducir la erosión, mejorar la captura de carbono y contribuir a preservar la biodiversidad”.

Una PAC de futuro

Esta tercera característica de la PAC que viene es transversal a las dos anteriores. Desde el MAPA están convencidos de que la reforma ayudará a que siga habiendo productores en 2030 y más allá; de que el nuevo modelo traerá al campo cambios profundos, pero graduales, diseñados para que las pequeñas y medianas explotaciones agrarias profesionales, base de nuestro modelo social, puedan afrontar las nuevas circunstancias en las que tendrán que ejercer la actividad a lo largo de la próxima década.