Luz verde a la nueva PAC

Marta Fernández, periodista agroalimentaria

Después de tres años de negociaciones y un aplazamiento, el pasado 25 de junio el Consejo, la Comisión y el Parlamentoeuropeos lograban una posición común respecto a la próxima PAC, que será la que se extienda entre 2023 y 2027 y que, como se preveía, se perfila “más verde”.

De momento se trata de un acuerdo provisional, matiza la CE, si bien, remarca que introduce “una PAC más justa, más ecológica, más respetuosa con los animales y más flexible”. Y añade que “a partir de enero de 2023 se implementarán ambiciones ambientales y climáticas más elevadas, alineadas con los objetivos del Pacto Verde”. Con respecto a la redacción de los planes estratégicos nacionales -cuyo periodo de presenta-ción expira a finales de este 2021- , dice la Comisión que permitirá a los Estados “tener en cuenta las condiciones locales y centrarse en el rendimiento”.

Para comenzar a comprender la envergadura del acuerdo, la oficina del Parlamento Europeo en España extrapola siete puntos, que son los que marcarán las líneas de actuación. El primero de ellos es que los gobiernos deberán dedicar al menos el 35% del presupuesto de desarrollo rural a medidas medioambientales y climáticas. El segundo, que la Comisión, una vez examinados los planes estratégicos nacionales, deberá revisar la contribución de los compromisos climáticos de la UE y a las estrategias “De la granja a la mesa” y de “Biodiversidad 2030”. El tercero, es que al menos el 25% de los pagos directos nacionales deberán destinarse a los ecoesquemas, “que serán voluntarios, pero incrementarán los ingresos de los agricultores”. El cuarto punto recoge que al menos el 10% de los pagos directos nacionales deberán ir destinados a apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. El quinto es que los Estados miembros podrán destinar “al menos” el 3% de su presupuesto a apoyar a jóvenes agricultores y ganaderos. El sexto se refiere a la actual reserva para crisis, que se convertirá “en un instrumento permanente con presupuesto propio para ayudar a los agricultores ante potenciales inestabilidades de precios o del mercado”. Y, por último, se dará mayor transparencia sobre quiénes son los beneficiarios finales y habrá mayores sanciones para quienes incumplan los requisitos de acceso a los fondos.

Todo ello se vertebra en torno a nueve objetivos -económicos, sociales y medioambientales-, sobre los que se adhieren tres elementos, detalla Mª Ángeles Benítez, directora de la Representación de la CE en España y ex directora general adjunta de la DG AGRI. Estos son: la denominada arquitectura verde, la modernización y digitalización del sector, y la instauración de un nuevo modelo de gobernanza, a través de la evaluación de objetivos por parte de los Estados miembros a través de sus respectivos planes estratégicos.

Reacciones de los europarlamentarios

En base a esta propuesta, y como cabía esperar, las reacciones por parte de los representantes españoles no se han hecho esperar. Así, Clara Aguilera, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, reconoce que aunque no es la PAC que hubiesen aprobado los socialistas europeos, “creemos que es una buena PAC para los agricultores españoles”. Si bien, señala que son varios los temas sobre los que es necesario estar alerta. “Nos preocupa la excesiva subsidariedad de los Estados miembros”, dice, a la vez que incide en que es necesario fomentar la innovación y la investigación “si queremos ser más competitivos”, en clara alusión a la entrada de producciones de terceros países, “hay que avanzar en sostenibilidad, pero la competitividad es fundamental”. Además de ello, indica que hay que dotar de alternativas para la protección de la sanidad vegetal y animal y se muestra a favor del capping y de la perspectiva de género.

Entretanto, Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del Partido Popular Europeo, coincide con Clara Aguilera en el planteamiento inicial, ya que dice que “es la mejor PAC que podíamos conseguir”, máxime teniendo en cuenta “la dispersión y división existente en el seno del PE”. No obstante, añade que en la redacción ha habido “excesivos requisitos medioambientales y escaso reconocimiento a los agricultores españoles”, de los que dice que “son los primeros medioambientalistas”. De ahí que haga una petición al ministro Planas, y es que “actúe con mucha transparencia, utilice el diálogo para conseguir el acuerdo y que ninguna comunidad autónoma sufra recortes”.

Mientras, en opinión de Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de La Izquierda, “hay numerosas cuestiones que podrían haber sido mejor tratadas”. Como punto de partida, indica que esta PAC es “continuista y faltan herramientas para conseguir sostenibilidad económica y ambiental”. Asimismo, explica que a su grupo político le hubiese gustado que el capping fuese obligatorio y más bajo, la plena convergencia del pago básico, el 12% para el pago redistributivo y la prohibición de la venta a pérdidas.

Luis Planas, satisfecho con el acuerdo

Para Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el acuerdo alcanzado en Europa responde a las actuales demandas de la sociedad y asegura la rentabilidad de las explotaciones agrarias porque, entre otros aspectos, tiene en cuenta la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Asimismo, ha destacado que la ratificación del acuerdo supone “poder avanzar hacia una nueva política agraria más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. Tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional y aboga por el necesario relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro, que haga frente a los nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones”.

Según ha indicado, España ha cubierto sus objetivos, tanto en la negociación del Marco Financiero Plurianual como en la negociación específica de la PAC, y podrá disponer de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, cifra similar a la del periodo anterior, en un contexto de descenso del 15% del presupuesto comunitario por la salida del Reino Unido de la UE.

Y en los sindicatos agrarios sobrevuela la incertidumbre

Del lado de los sindicatos agrarios, en líneas generales, la acogida inicial es positiva. Sin embargo, la duda, o incertidumbre, se asienta en cómo se gestionarán las intervenciones para que los productores puedan afrontar el nuevo modelo de sostenibilidad medioambiental, siendo rentable y competitivo.

Desde Asaja lamentan que la ambición ambiental y climática no se vea acompañada de una mayor dotación presupuestaria, y que sean los propios agricultores y ganaderos los que tengan que asumir nuevas y más rigurosas prácticas bajo el paraguas de los llamados ecoesquemas, si aspiran a percibir un nivel de pagos equivalente al actual.

En COAG consideran que el texto aprobado no responde a las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario. Tampoco están de acuerdo con la definición de “agricultor genuino”, ya que, dicen, se aleja del agricultor profesional, y ello repercutirá en el acceso a las ayudas redistributivas de la PAC. Respecto a la arquitectura verde, COAG sostiene que “detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es “un recorte en toda regla”.

Sin embargo, en opinión de UPA, los ecoesquemas, tal y como están planteados, deben servir para reforzar a los agricultores y ganaderos familiares frente a modelos superintensivos y de gran dimensión”. La organización también hace una valoración positiva de la obligatoriedad de la ayuda redistributiva de como mínimo el 10% de los pagos para favorecer a los pequeños agricultores y del establecimiento de apoyo a los jóvenes agricultores y ganaderos menores de 40 años.

En Cooperativas Agro-alimentarias de España consideran que el acuerdo es muy ambicioso desde el punto de vista medioambiental y matizan que los objetivos, a pesar de imponer reglamentaciones más estrictas, no se alcanzarán “si no se resuelve el dilema del cambio climático frente a la rentabilidad”. Asimismo, valoran como un elemento clave las intervenciones sectoriales y, con respecto a los ecoesquemas, dicen que facilitará el acceso y una aplicación eficiente para los productores. Valoran que la reglamentación comunitaria tenga en cuenta la especificidad cooperativa a la hora de aplicar el capping o la limitación de los pagos, el pago redistributivo y el régimen de jóvenes. Aunque lamentan la oportunidad perdida en la OCM de mercados agrarios “de introducir la obligación para que las importaciones respeten los mismos requisitos LMR que las producciones comunitarias, quedándose relegada a una mera declaración política”.

El MAPA y las CC. AA. perfilan la hoja de ruta del Plan Estratégico Nacional

Como consecución de todo ello y en aras de avanzar en el diseño del Plan Estratégico Nacional -que España debe presentar a la Comisión Europea a finales de diciembre-, el pasado 15 de junio tuvo lugar la Conferencia Sectorial de la Política Agraria Común (PAC), presidida por Luis Planas y a la que asistieron las consejeras y consejeros del ramo de las 17 comunidades autónomas.

Entre otras novedades, la futura PAC afianzará en nuestro país la incorporación de la mujer y de los jóvenes a la agricultura para impulsar el relevo generacional, priorizará el enfoque medioambiental y las ayudas directas vinculadas a la producción se aplicarán a sectores vulnerables desde el punto de vista social y económico.

Respecto a los ecoesquemas, el ministro ha señalado que se ha acordado convocar un grupo de trabajo que defina el modelo de aplicación de estas nuevas ayudas para su presentación a una nueva Conferencia Sectorial que se celebrará en otoño.

Asimismo, Ministerio y comunidades autónomas desarrollarán un sistema de cruce de información sobre las infracciones y sanciones en las directivas laborales recogidas en el proyecto de Reglamento de planes estratégicos para que sea operativo en 2024. En paralelo, los sistemas de asesoramiento a los agricultores incorporarán información sobre las condiciones de empleo y las obligaciones de los empleadores, así como los aspectos relativos a la salud, seguridad y protección social en el ámbito agrario.

Reparto de ayudas

En base al documento acordado, las ayudas directas desvinculadas de la producción se destinarán a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (60%), de las que una sexta parte (10% del total de ayudas directas) se concederán a través de la ayuda complementaria redistributiva para la sostenibilidad (pago redistributivo), así como una ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (2%), mientras que los ecoesquemas contarán con el 23% (que unido al 2% que España puede computarse por su mayor gasto medioambiental en desarrollo rural, permitirá alcanzar el 25% exigido por el Reglamento).

En el caso de las ayudas directas vinculadas a la producción (pagos asociados), se aplicarán a sectores vulnerables desde el punto de vista social y económico, como la ganadería, en especial la extensiva o la de producción láctea, así como cultivos proteicos, entre otros.

El olivar tradicional se beneficiará, por primera vez, de una intervención sectorial que permitirán mejorar su gestión para reducir sus costes de producción.

Beneficiarios

Los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC deberán cumplir con la condición de agricultor activo, que será aquel que esté afiliado a la Seguridad Social por cuenta propia o aquel que perciba al menos el 25% de sus ingresos totales de la actividad agraria.

No obstante, explica el Ministerio “dado que en algunas zonas la agricultura a tiempo parcial desempeña una función social y medioambiental significativa, los beneficiarios que reciban un importe anual en concepto de ayudas directas igual o inferior a 5.000 euros, se considerarán agricultores activos”.

Por otro lado, el importe de la ayuda básica a la renta recibido por cada beneficiario se reducirá progresivamente a partir de la cantidad percibida que supere el importe de 60.000 euros. Mientras, el importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 100.000 euros al año por beneficiario. Aunque el beneficiario que perciba a partir de 60.000 euros anuales, podrá también descontar los costes salariales directamente soportados y los costes laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas. Se mantendrá en 300 euros el umbral mínimo para la percepción de ayudas directas.

Por último, el importe por hectárea de la ayuda básica a la renta se distinguirá por regiones, que se reducirán a un máximo de 20 en las se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes.