Viticultura y bodegas en riesgo ante esta crisis

Por Esther Herranz, ex diputada en el Parlamento Europeo (2002-2019) y antigua ponente de la reforma de la PAC

Los dos circuitos del vino, el de los vinos amparados por una figura de calidad y el resto de vinos, tienen que coexistir de manera equilibrada en el mercado, y ambos tienen dificultades específicas por los efectos de la pandemia y hay que pensar que las medidas han de ser adaptadas a sus realidades bien distintas.

El programa de apoyo comunitario se queda corto en cifras y poco imaginativo en medidas, esa es mi opinión. Falta flexibilidad para medidas como la vendimia en verde, que ahora obliga a toda la parcela, obligando al viticultor a renunciar a ella por falta de adaptación.

La destilación es una solución que se propone tanto para los vinos amparados por una figura de calidad como para el resto de vinos, y puede ser cofinanciada por los gobiernos, pero es un parche. Los dos grandes productores de vino sin DO ni IGP, España y nuestro gran competidor, Francia, tendrán la misma herramienta pero con condiciones muy distintas. Francia contará con 80 millones de euros comunitarios más 60 de aportación propia; mientras, España el mayor productor de vino no amparado a una figura de calidad del mundo, contará con menos de la  mitad de dinero porque nuestro Gobierno no va a añadir ni un euro a la partida comunitaria. Así, las regiones españolas deberán competir con muchas dificultades con regiones como el Languedoc francés. Ya estamos otra vez en la Europa de las dos velocidades y España no está en la primera.

A esto sumamos el problema de encontrar mano de obra experta necesaria en las tareas de la vid y el Gobierno no facilita las cosas. Se podrían  haber habilitado medidas de control sanitario específicas para estas personas, ya que la excepción bien lo merece. Recordemos las medidas adoptadas por el Gobierno italiano para dar permisos temporales de trabajo a nacionales de otros Estados miembros y cubrir la necesidad del laboreo de la viña. La respuesta española ha sido bien distinta: injusto acoso, persecución y criminalización para el empresario agrario.

El vino con Denominación de Origen o Indicación Geográfica, uno de nuestros más conocidos productos a nivel mundial, sufre estas penurias y además se enfrenta al agravio comparativo de estar siendo ignorado a la hora de tomar medidas económicas, anunciadas con mucho bombo y platillo por el ministro Planas, “un plan de choque que supone un elemento vertebrador” que se ha centrado en la destilación, siempre la destilación como solución. Dice la Comisión Europea que las ayudas económicas extraordinarias se justifican por las pérdidas de ventas en hostelería, poco vino no amparado a una figura de calidad encontraremos en comparación con los vinos de Dominación de Origen e Indicación Geográfica. ¿Dónde, si no es en el canal Horeca, se producen las mayores ventas de los vinos de calidad, en torno al 60% de la producción? España prepara un plan donde el 85% de los 85,9 millones de euros previstos desde Bruselas como ayudas extraordinarias vayan a vinos no amparados a una figura de calidad, ninguneando a los vinos con figuras de calidad. En medidas de almacenamiento en bodega prevén 9,9 millones de euros,  pero eso no es nada, dado el gran volumen de bodegas que elaboran vino español y que se encuentran repartidas por todo el país. ¿Con eso pretenden hacer frente al bloqueo del mercado de la restauración? Imposible. Añaden una tercera medida: la vendimia en verde con 4 millones de euros en 2020 y 6 millones más en 2021, pero sin flexibilidad dentro de las parcelas, y eso la hace inaplicable en muchas comarcas.

Ante la escasez de fondos para todo ello, la pregunta que se me ocurre así de pronto es ¿cómo será ese reparto entre regiones, equitativo o discriminatorio? Lo sabremos cuando den luz al real decreto que preparan durante este inacabable estado de alarma.

Nuestro sector vitivinícola se enfrenta a la crisis, al cierre prolongado de bares y restaurantes y al más que posible tarifazo arancelario como resultado del Brexit salvaje que se nos viene encima y ya ha sido anunciado para el vino, el aceite y los cítricos españoles, sin olvidar los aranceles que la administración Trump ya ha impuesto a nuestros vinos.

No sorprende que algunos de los bodegueros, grandes y pequeños, hayan avisado de que sus existencias en bodega no tienen salida y que encuentran dificultad para comprar la uva para elaborar vino de este año. Por falta de ayudas al almacenamiento de los stocks en bodega rompen acuerdos con los viticultores que les han servido vino siempre y empieza ya el desánimo en el sector de vinos de calidad. Esto es un desatino para nuestra economía interna y para nuestra imagen exterior. Mención especial merecen aquellas bodegas centenarias que forman parte de la tradición y la cultura de España y que ven con preocupación cómo no se aportan soluciones apropiadas a sus necesidades.

Una buena  respuesta hubiese sido recoger medidas de promoción de consumo interno, aunque eso moleste a algún que otro ministro, o apostar por campañas de venta en otros Estados de la UE, pero para ese tipo de iniciativas hace falta presupuesto. Además, el Gobierno francés ha autorizado más medidas para ayudar al sector vitivinícola, como la exención de las cotizaciones sociales para autónomos y pequeñas empresas; España no, y como somos uno de los países de la UE que tiene menor ejecución de fondos estructurales, se podrían explorar modificaciones para hacer que ese dinero europeo sirviese para bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los empleados en las bodegas, o a los viticultores autónomos.

Se hace necesario un reparto equitativo de los fondos y medidas adaptadas. Si el Gobierno no corrige sus errores el sector saldrá a la calle a protestar en cuanto se levante el estado de alarma. Avisados ya están.