Ley de Residuos: las quemas se quedan; el impuesto a los envases de un solo uso, también

Por Antonio Martínez, periodista agroalimentario

Aunque la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular entró en vigor el 10 de abril de 2022, dos de las medidas más controvertidas se han implementado con el nuevo año: el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, así como la derogación “de facto” de la prohibición de la quema de residuos agrarios. Y aunque el sector valora positivamente el cambio de rumbo adoptado en el último momento en este asunto, vuelve a criticar la falta de interlocución con el Gobierno cuando se legisla sobre medio ambiente.

“Una vez más, ha existido un déficit informativo con el sector agrario desde las autonomías y el Gobierno, que empieza a ser muy preocupante en todas las iniciativas políticas relacionadas con medio ambiente y transición ecológica. Se legisla sobre el campo sin consultar previamente a los afectados y eso genera problemas y distorsiones que no se ven desde un despacho”. Así de categórico se mostró el pasado octubre el secretario general de la organización agraria COAG al valorar algunos aspectos de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se refería especialmente al punto 3 del Artículo 27, que establecía que, “con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, o, en entornos silvícolas, con el objeto de prevenir los incendios forestales cuando no pueda accederse para su retirada y posterior gestión”.

Una prohibición que fue una auténtica sorpresa para el sector, como recuerda Joé Manuel Delgado, del Gabinete Técnico de la organización agraria UPA: “Nos pasaron un borrador hace mucho tiempo y ahí el tema de las quemas no se incluía. Luego, cuando se aprobó, vimos que estaba esa prohibición”. No obstante, Delgado matiza que ese asunto estaba en algo parecido a un limbo legal: “Cualquier tipo de residuo que no sea utilizable como subproducto o valorizable, no se podía eliminar así por las buenas. Lo cierto es que no se estaba regulando ni vigilando. No se decía explícitamente que estuviera prohibido”. Y entiende las razones de fondo que llevaron al Gobierno a dar el paso: “Es lógico que se intente prevenir al máximo el tema de las quemas. Para eso, por ejemplo, en la futura PAC hay determinadas medidas como los ecoesquemas, que van a establecer cubiertas vegetales inertes a través de la trituración de los restos de poda, evitando las quemas”. Pero, de nuevo, encontramos críticas a la falta de entendimiento de las necesidades del sector: “Faltaba, primero, concienciación, asesoramiento, financiación para esa medida. No hay maquinaria para triturar esos restos de la noche a la mañana. Incluso es complicado meter una maquina en zonas forestales. Esto no se puede hacer de un día para otro, tiene que haber un periodo transitorio y regularlo”.

Las quemas, prohibidas

Así, a partir del 10 de abril del pasado año, todo cambió: “Cada agricultor tenía que hacer su justificación y ya no servía una autorización colectiva. Este otoño, cada comunidad empezó a regularlo. Algunas, de manera más estricta y otras más flexibles. Crearon una catalogación de cultivos que se podían quemar por el tema fitopatológico y era el agricultor el que, rellenando eso, podía acceder a esa posibilidad. De hecho, unas comunidades fueron más permisivas, como Castilla-La Mancha, y otras menos, como Extremadura, que tenía miedo a que se echaran encima los ecologistas”. Efectivamente, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promulgó el 14 de octubre una Resolución que la secretaria general de la Consejería, Juana Velasco, justificó “para dar tranquilidad y seguridad jurídica a los agricultores y que sepan exactamente lo que tienen que hacer”. Porque “las razones fitosanitarias están ahí, la previsión normativa está ahí y esta Consejería ha trabajado para sacar esta resolución que permita a los agricultores quemar en el entorno agrario estos residuos con todas las garantías”.

Lo cierto es que las presiones sobre el Gobierno para que modificara la norma fueron muy fuertes. Y, esta vez, dieron resultado. Durante la tramitación parlamentaria de la Ley de gestión de la Política Agraria Común los grupos políticos de las Cortes manifestaron su intención de modificar este punto concreto de la norma. Finalmente, esta Ley aprobada a mediados de diciembre, introdujo una enmienda a la Ley de Residuos que entró en vigor el pasado 2 de enero. El nuevo texto, que mantiene la prohibición, con carácter general, introduce un cambio fundamental: “Las pequeñas y las microexplotaciones agrarias quedan dispensadas de esta regulación. No obstante, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y como aplicación de la excepción del artículo 3.2.e), solo podrá permitirse la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola cuando cuenten con la correspondiente autorización del órgano competente de las comunidades autónomas, bien por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, bien con el objeto de prevenir los incendios”.

Impuesto sobre envases

Si en el caso de las quemas de residuos agrícolas las presiones sobre el Gobierno dieron sus frutos, no podemos decir lo mismo de la puesta en marcha del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables de 0,45 euros por kilogramo y que tantas críticas ha recibido. Una herramienta que, como indica el texto de la Ley, tiene como objetivo el “fomento de la prevención de la generación de residuos de envases de plástico no reutilizables, así como el fomento del reciclado de los residuos plásticos, contribuyendo a la circularidad de este material”. Y lo cierto es que la contestación a esta medida ha sido unánime en el sector agroalimentario, del gran consumo y la distribución, que han hecho varios llamamientos al Gobierno para que no fuera adelante con una medida claramente lesiva para nuestra economía. En diciembre, ACES, ACOTEX, ADELMA, AECOC, AFEB, ANGED, ASAJA, ASEDAS, Cooperativas Agro-alimentarias, FECE, FIAB, Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Stanpa emplazaron de nuevo al Gobierno para que España siguiera el ejemplo de Italia y aplazara su entrada en vigor.

Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), cuestiona, como el resto de organizaciones, el momento elegido para implementar esta medida: “La industria española de la alimentación y bebidas está comprometida con la sostenibilidad y, por este motivo, lleva años trabajando en modelos de producción que permitan el progreso económico y un uso racional de los recursos. El impuesto especial a los envases no reutilizables resulta una carga impositiva para la industria. A lo que cabe añadir que España es el único país europeo que lo aplicará por el momento, tras la suspensión de esta tasa por parte de Italia. Este tipo de gravamen supondrá un perjuicio para las empresas españolas frente a sus competidores europeos”. Estima que tendrá “un impacto directo en las empresas del sector de cerca de 690 millones de euros”.

Es más, las organizaciones que han sumado su voz contra esta medida, destacaron que nadie se cuestiona la apuesta por una economía circular que las empresas españolas han asumido hace tiempo. De hecho, manejan cifras, que indican que “sus empresas han reducido en un 21,7% el porcentaje de plástico utilizado, que el 69,1% del plástico que emplean es reciclable o reutilizable y que el 35,1% del plástico de sus packagings procede de plástico reciclado”. Además, desde FIAB destacan la carga burocrática que implicará esta medida: “También hemos solicitado el aplazamiento un año de la entrada en vigor de esta tasa por su complejidad y la enorme cantidad de dudas que genera sobre los procedimientos, trámites administrativos, obligaciones, documentación... Consideramos que es necesario un margen temporal adecuado para que las empresas puedan resolverlas”.

España se queda sola

Sobre este asunto, Rocío Pastor, directora general de Sigfito, destaca especialmente que ningún otro país ha seguido los pasos de España: “De hecho, el único país que tenía este impuesto previsto y lo ha retrasado varias veces, es Italia, que lo ha pospuesto de nuevo. En otros países tan solo se ha aplicado al plástico doméstico, como a los vasos. Aquí lo han llevado hasta los industriales. Los envases industriales, aunque sean de un solo uso, no son superfluos. Están poniendo en el mercado cosas que tienen que ir envasadas. Es muy difícil reutilizar un envase que ha contenido una sustancia química. Y, por supuesto, no es el momento para meter un impuesto de estas características que va a encarecer los medios de producción, tanto lo que se consume para cultivar, como cuando se pone el producto en el mercado. Todos esos productos se van a encarecer. No es el momento”.

Y se teme que esto va a generar también un terremoto en el sector de los envases: “No estamos preparados para la guerra que viene a continuación con el material reciclado. ¿Por qué? Si pones este impuesto tan solo al material virgen, va a haber una competencia feroz por el material reciclado. A los que nos dedicamos al reciclado nos viene bien, porque al final, del reciclado, sacas una materia prima que se vende y que va a subir de precio. Pero va a subir de precio de una manera artificial e incluso vamos a traer producto de fuera de otros países porque nos ahorramos el impuesto. Creo que ha sido todo muy precipitado. Sobre todo, poco contrastado con lo que está ocurriendo en otros países”.

Responsabilidad de los productores

Pero mas allá del impuesto, el sector también cuestiona otros aspectos de la norma que afectan a los envases. En concreto, la responsabilidad que tienen que asumir los productores a partir de la entrada en vigor de la Ley, como explica Rocío Pastor: “El productor de un residuo tiene la responsabilidad de esos residuos hasta el tratamiento final. En muchas ocasiones es muy difícil controlar y saber qué pasa con el residuo que tú has entregado a un gestor. Tú le entregas una cantidad importante de residuos y unos los va a tratar ese gestor, otros los va a separar y se los va a entregar a otro. Al final hay toda una cadena. El hacer responsable al productor de toda esa cadena, a mí me parece muy complejo, porque los propios gestores de residuos, una vez que se ha publicado la Ley, te dicen que ellos no tienen capacidad para darte esos certificados finales”. Y todo ello, de nuevo tiene un coste, que habrá que añadir a los 690 millones del nuevo impuesto, según nos traslada Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB: “A este coste habría que añadir el impacto de la Responsabilidad Ampliada del Productor, que puede suponer otra carga de unos 1.150 millones de euros. Además, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases tendrá un impacto de otros casi 5.000 millones de euros. Estas cantidades son inasumibles en un momento, como el actual, de gran inestabilidad con los costes energéticos y la inflación al alza, y, de hecho, ya está teniendo un efecto directo en las compañías y puede ser de gran peligro para su viabilidad y el empleo”.

Pero claro, mas allá de estos dos aspectos que han copado los titulares en torno a la Ley, hay otros que los diversos sectores no dudan en calificar como positivos. Rocío Pastor, directora general de Sigfito, destaca, en este sentido, un aspecto que le parece especialmente interesante de la norma: “Establece bastantes más obligaciones, tanto a los productores de los residuos, como a aquellos puntos que colaboran con nosotros en la recogida, porque la normativa se ha vuelto más exigente en cuanto a los controles. Creo que eso va a tener su efecto positivo en cuanto mayor control de la trazabilidad de los residuos, mejor para los agricultores y para todos, pero nos va a costar un tiempo hasta que nos adaptemos a eso y yo espero que las administraciones sean un poco comprensivas con esta situación”.

Cooperativas Agro-alimentarias de España también valora positivamente algunos cambios introducidos por la Ley, como la revisión de los procedimientos de consideración de subproducto y fin de condición de residuo, “habilitando la posibilidad de intervención de las autoridades competentes de las comunidades autónomas en la evaluación, aprobación y autorización. En ambos artículos, se recogen formas de proceder que favorecerán el que algunos residuos puedan ser catalogados como subproductos con mayor agilidad, aparentemente. Desde hace tiempo hemos venido reivindicando esta agilidad en la catalogación como subproductos de residuos del sector del vino y del aceite. Sin duda, será positivo y en pro de la economía circular”. Igualmente, el refuerzo que la norma hace del principio de proximidad, ampliando su aplicación a la valorización de residuos: “Para la valorización del resto de los residuos diferentes a los domésticos, se favorecerá su tratamiento en instalaciones lo más cercanas posible al punto de generación. Esta consideración resulta favorable para las cooperativas dado que, de hecho, ya desempeñan este papel como aglutinadoras de los residuos de sus socios, ofreciéndoles soluciones en las cuestiones logísticas y aportando valor a los procesos que desarrollan en un entorno próximo”.