Bajo control estatal la gestión sancionadora de las cuencas hidrográficas

Según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Su objetivo es lograr una gestión más eficiente de las aguas. Los regantes se congratulan con la nueva norma que deroga las modificaciones introducidas en agosto de 2011 en el artículo 94 de la Ley de Aguas, en virtud de las que se facultaba a Cataluña, Aragón y Andalucía a asumir determinadas competencias sobre las comisarías de agua.

La medida de traspasar a las autonomías las competencias en la vigilancia de sus cuencas que asumió el Ejecutivo anterior centró las críticas de regantes y ecologistas, además de ser considerada "anticonstitucional" y un ataque frontal contra el principio de unidad de gestión de cuenca, que había operado en España.

El Gobierno quiere así abrir "la senda de la simplificación de procedimientos administrativos", ha señalado Saénz de Santamaría. Esto es, evitar duplicidades en la gestión de un recurso escaso, "dominio público de todos los españoles". La vicepresidenta del Gobierno ha recordado que el Tribunal Constitucional se pronunció a favor del principio de unidad de cuenca en marzo pasado, y en especial en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas.

La invasión de competencias "ya es historia"

"Con esta determinación se cumplen ya todos los requisitos de legalidad vigente, zanjando cualquier duda sobre el papel único y exclusivo de la Administración central en la gestión de las cuencas intercomunitarias", ha declarado el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo.

En el Real Decreto Ley aprobado se incluyen otras medidas urgentes en materia de gestión eficaz del agua como la regulación de las masas de agua subterránea y su buen estado, a través de un régimen que permita reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en los acuíferos subterráneos.

Además se refuerza la potestad sancionadora del Ministerio de Agricultura, con multas que oscilan entre leves (hasta 10.000 €) y muy graves (entre 500.000 € hasta 1 M€). El nuevo texto normativo añade incentivar la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, para facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables y también condiciones específicas para mejorar la situación del Alto Guadiana y con ello, la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas.