Fenacore pide aplicar distintos criterios de seguridad a balsas y embalses

Andrés del Campo ha abogado por que el texto del borrador del real decreto recoja esas diferencias. Por un lado, ha advertido que el borrador sitúa "injustamente" en un mismo nivel a ambas infraestructuras, obligando a aplicar los mismos criterios de seguridad a las 50.000 balsas existentes en España, así como a los 1.300 embalses que suman un total 54.000 hm3, cuando "en realidad ambas infraestructuras nada tienen que ver en su construcción, capacidad y uso".

El presidente de los regantes ha precisado que las balsas son "obras hidráulicas básicas" de baja capacidad de almacenamiento, construidas generalmente sobre tierra, y asociadas, principalmente, a la actividad del regadío, en tanto que los embalses, por su parte, son infraestructuras de mayor envergadura, realizados generalmente en hormigón y vinculados al abastecimiento de agua potable, la generación de energía eléctrica o al regadío, entre otros usos.

Graduar el nivel de seguridad

Por otro lado, Andrés del Campo ha calificado de "sinsentido" que la nueva normativa atribuya "veladamente" a balsas y embalses los mismos coeficientes de seguridad máxima, cuando en realidad existen tres niveles para graduar la fiabilidad de estas infraestructuras sin necesidad de incurrir en los gastos innecesarios, como en personal o en mantenimiento, que, de aprobarse esta nueva clasificación, conllevará para los agricultores regantes.

En su opinión, resulta "incongruente" que una "pequeña balsa en parcela" deba contar obligatoriamente con los mismos elementos de seguridad y vigilancia que un "gran embalse" (custodia las 24 horas, luz permanente, etc.), generando unos sobrecostes que vienen a sumarse a los que ya soportan como consecuencia del incremento de las tarifas eléctricas y los procesos de modernización de regadíos.
Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, "de no tenerse en cuenta estas diferencias será peor el remedio que la enfermedad, ya que en lugar de mejorar la seguridad de nuestras infraestructuras hidráulicas, que es de lo que se trata, se asfixiará todavía más al sector agrario, obligándole a asumir unos costes del todo prescindibles".

Finalmente, del Campo ha solicitado que no sean los agricultores los que paguen las consecuencias del boom urbanístico. En los últimos años, este fenómeno ha llevado a elevar el nivel de seguridad de balsas próximas a urbanizaciones, redes viarias y ferroviarias que podrían verse inundadas en caso de rotura o desbordamiento, cuando originariamente estaban situadas en parcelas aisladas fuera de todo peligro.