El Gobierno aprueba una batería de medidas frente a la sequía que no convence al sector

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que incluye un paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Redacción

Entre ellas, se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, por más de 636 millones de euros, así como la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas.

En este sentido, se destinan 276,7 millones de euros para los sectores agrícolas, 355 millones de euros para los sectores ganaderos cárnico y lechero, y 5 millones para la apicultura.

El impacto económico de todas las medidas adoptadas en el ámbito agrario supera los 784 millones de euros.

Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, sociolaboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC), en las que están implicadas los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Solo las medidas en materia agraria y de aguas están valoradas en unos 2.190 millones de euros en total.

Financiación, seguros, impuestos y PAC

En el ámbito de la financiación, El decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA, que pueden llegar hasta el 15% del principal del préstamo. Igualmente, se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos.

En materia de seguros, el MAPA incrementa en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios, que permitirá subvencionar hasta el 70% del coste de las pólizas ya contratadas que incluyan cobertura por riesgo de sequía en cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.

En cuanto a las medidas fiscales, entre las adoptadas, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20% en zonas con limitaciones naturales, según la normativa UE, o de un 30% en las demás.

Por otro lado, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de las solicitudes de la PAC.

Asimismo, se escalona en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.

Medidas sociales e hidráulicas

Entre otras medidas, en materia laboral se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 de la medida excepcional de reducción a 10 del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura.

Además, el MITECO aporta 1.400 millones para acelerar la construcción de nuevas infraestructuras, como plantas desalinizadoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas, y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. También contempla la ejecución de un nuevo trasvase para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan Doñana.

Los agricultores que sean titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Del 100% si la reducción en la dotación de agua supera el 60% y del 50 % si ha sido de entre el 40% y el 60%.

Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir tendrán una reducción del canon del 50%.

El sector lo considera insuficiente

Las reacciones al decreto aprobado por el Gobierno no han tardado en llegar, casi todas en sentido crítico. COAG considera insuficiente el Real Decreto de medidas para paliar los efectos de la sequía en el sector agrario. “Desde ya se deben disponer ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, que en muchos casos no recogerán cosecha alguna. Hablamos de la campaña de siembra más cara de la historia con la cosecha más corta del siglo. Y eso es inasumible”, ha subrayado el secretario general de COAG, Miguel Padilla.

Por su parte, ARAG-ASAJA ha tachado de “insuficientes e incompletas por su contenido y alcance” las medidas ya que, tras conocer la letra pequeña del Real Decreto, “dejan atrás a sectores muy importantes en La Rioja”. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) afea que las medidas “apenas van a beneficiar al campo valenciano y, en todo caso, únicamente a ciertos cultivos de secano, la ganadería y la apicultura, mientras que el regadío valenciano queda excluido pese a los efectos que la falta de lluvias ya está ocasionando”. También desde ASAJA Andalucía ven “totalmente insuficientes” las medidas.

Por su parte, desde las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía reclaman concreción. Su director gerente, Jaime Martínez-Conradi, señala que los agricultores y los ganaderos andaluces no pueden esperar más porque, a pesar de las muchas inversiones realizadas, ven cómo sus explotaciones se están muriendo. Por ello, insiste en la necesidad de “dar estabilidad” al sector productor y agroindustrial y exige “medidas concretas, con hectómetros definidos”.

Asimismo, la decepción en la Unión de Campesinos de Castilla y León es manifiesta. UCCL valora que el Gobierno haya establecido ayudas directas a los sectores más afectados, aunque insuficientes en relación a la gravedad de la situación, y reclama al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que aporte recursos adicionales. Su Unión estatal, Unión de Uniones, considera que las ayudas del Gobierno se quedan cortas para la gravedad de la crisis y que deberá ampliarlas según evolucione la sequía; piden que aporten recursos adicionales y que todas las administraciones concentren las ayudas en los profesionales del sector cuyas rentas han sido verdaderamente las más perjudicadas por la crisis.

Las reservas, bajo mínimos

Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5% inferior al promedio de este periodo. La reserva hidráulica peninsular se situaba esta semana en un 48,9%, algo inferior a la del año anterior (50,6%), cuando el Gobierno ya aprobó un decreto de sequía con diversas medidas.