El grupo de trabajo de la sequía evalúa la incidencia en el sector agrario

El grupo de trabajo para el seguimiento de la sequía, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 5 de septiembre, ha analizado los efectos de esta adversidad climática en el sector agrario, evaluando, asimismo, el resultado de las medidas de apoyo adoptadas en marzo por el Gobierno para hacer frente a la situación.

A este encuentro, convocado para continuar con el seguimiento iniciado por la Mesa de la Sequía, asistieron representantes de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y Reto Demográfico; de las comunidades autónomas, además de las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias y comunidades de regantes.

De los informes de seguimiento de la situación presentados por las distintas comunidades autónomas y organizaciones participantes se realizará una evaluación para estudiar las líneas a seguir.

A raíz de la reunión de la Mesa de la Sequía celebrada el 4 de marzo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 4/2022, de 15 de marzo, en el que estableció medidas de apoyo para mitigar esta situación de escasez hídrica y sus consecuencias en la actividad agraria. Estas medidas son de orden fiscal, laboral, social, financiero e hidráulico, e implican a seis ministerios. Entre ellas, figuran el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social, rebajas fiscales, la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria para trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura u otras medidas de apoyo financiero.

Valoración de las organizaciones

Tras participar en el grupo de trabajo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado la puesta en marcha de una política integral de protección de la agricultura y la ganadería frente a las adversidades climatológicas, cada vez más graves.

Tal como indican desde UPA, en la reunión se puso de manifiesto que las escasas precipitaciones del invierno, la primavera y el verano, sumado a las olas de calor que se han sucedido desde mayo hasta agosto, han situado a la mayor parte del territorio nacional en una situación de gravísima sequía, con especial incidencia en las zonas sur y centro. Y esta sequía y el calor han afectado a cultivos como los cereales, el olivar, el viñedo, las frutas y hortalizas y a todos los sectores ganaderos en extensivo o semi-extensivo.

Por su parte, COAG indica en un informe, publicado días antes de la reunión, que el estrés por agua y calor del verano está reduciendo los rendimientos en los cultivos de secano hasta en un 80%. Ese mismo informe apunta, además, que en regadío las restricciones de agua han condicionado las siembras de los cultivos habituales en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Duero. Se ha reducido un 90% la superficie de arroz en Extremadura y el tomate para industria se ha sustituido por girasol, con menores necesidades hídricas.

A la luz de la situación, desde UPA reclamaron en la reunión que se pongan en marcha “políticas valientes, con medidas a corto, medio y largo plazo”, con un objetivo fundamental: que los agricultores y ganaderos españoles puedan seguir produciendo alimentos. Para ello, la organización considera “imprescindible” invertir en modernizar las infraestructuras hídricas existentes y en crear otras nuevas que nos hagan más resistentes a fenómenos meteorológicos extremos, contando para ello con los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Otra de las medidas propuestas desde esta organización se centró en rebajar el precio del agua desalada, para lo cual pidieron abaratar el acceso a la energía necesaria para bombear dicho recurso a los cultivos, teniendo en cuenta lo que la organización denomina la “excepcionalidad agraria” en las políticas energéticas, para reducir la factura de los productores.