COAG considera que la subida del SMI supondría un fuerte aumento de los costes laborales de los agricultores

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha emitido un comunicado alertando de que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a los 1.000 euros podría suponer un aumento del 50,4% de los costes laborales para los agricultores, al pasar de 967 euros por trabajador/mes en 2018 a 1.455 euros en 2020. Así lo recoge la simulación realizada por los servicios técnicos de la organización en base a los datos reales de una explotación media, con dos-tres trabajadores fijos.

"Desde COAG abogamos por unos salarios dignos y un empleo de calidad en el campo pero, en un contexto de caída de rentas (-8,6% en 2019) y de entrada sin control de importaciones que no cumplen ni con la más mínima cobertura social y laboral de sus trabajadores, la importante subida de los costes laborales nos expulsa del mercado", señalan en el comunicado. Para el responsable del Área de Relaciones Laborales de COAG, Eduardo López, “resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones con dos-tres trabajadores fijos. Nuestro coste laboral diario (69 euros) multiplica por 14 el salario de un jornalero en Marruecos (5 euros/día). Estamos a años luz de poder trasladar al precio de nuestros productos el incremento de costes, en un mercado desregulado en el que se impone la ‘ley de la selva’. La presión en precios y costes está asfixiando a las explotaciones familiares”, López vaticina, también, la destrucción de empleo en sectores que demandan mano de obra de forma más intensiva, como el de frutas y hortalizas.

COAG pedirá al Ministerio de Trabajo participar en la mesa de diálogo social que se abra con los diferentes agentes para abordar la subida del SMI. Además, en un hipotético escenario de nuevas subidas, COAG reclamará medidas compensatorias para los profesionales agrarios, vía bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF.

La Coordinadora ha reclamado al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez "una apuesta clara y decidida por el modelo social y profesional de agricultura, cuestión que pasa por una cadena de valor agroalimentaria que remunere de forma justa el trabajo de agricultores y ganaderos, por la defensa del principio de preferencia comunitaria y por la exigencia en frontera a las importaciones de terceros países de los mismos estándares de seguridad alimentaria, aplicación fitosanitaria y coberturas socio-laborales de las producciones europeas". "Estamos hablando de proteger a un modelo de agricultura con agricultores, verdadero pulmón económico y social de la España vaciada, con una gran potencial para generar empleo de calidad y fijar población en el medio rural", sentencia López.