El fin del "impuesto al sol", una oportunidad para el sector agrario

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha manifestado su satisfacción por la derogación del denominado “impuesto al sol”, acordada en el Consejo de Ministros del pasado viernes. En un comunicado conjunto con la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), ambas organizaciones apuntan que “este cambio de rumbo será muy beneficioso para la ciudadanía y, en especial, para las zonas rurales”.

Según COAG y Anpier, “la energía solar fotovoltaica presenta numerosas oportunidades para ser una fuente de generación accesible y social, por ser una tecnología de carácter modular, adaptable para ser desarrollada de forma colaborativa, y con costes de inversión cada vez más bajos. Esto permite la generación a más pequeña escala, con inversión de personas individuales, grupos o pequeñas y medianas empresas que generan y reparten los beneficios a nivel local”.

En dicho comunicado, las dos organizaciones defienden la multitud de aplicaciones que presenta la energía fotovoltaica a nivel agrario. “Entre ellas se puede destacar su empleo para iluminación, cercas eléctricas, motores, ventiladores, bombeo de agua, regadío o recarga de baterías”, señalan. “Estas instalaciones permiten una disminución de los costes energéticos de las explotaciones, un mayor control y seguimiento de los consumos propios, se producen menos pérdidas de red y reducen la dependencia energética de fuentes contaminantes, ayudando a conseguir los objetivos de reducción de emisiones”.

Sin embargo, COAG y Anpier apuntan que la aplicación de energías renovables en el campo no es todo lo rápida que debería debido a las trabas administrativas y legales vigentes. “En la mayoría de los casos se realizan instalaciones aisladas de la red, pero el desconocimiento general de la legislación a aplicar y la percepción de la sociedad de que el autoconsumo es ilegal es un lastre para la inversión en fotovoltaica”, denuncian.

El autoconsumo conectado a red es una modalidad de generación distribuida y, en nuestro país, estaba regulado por el RD 900/2015, el llamado “impuesto al sol” que establecía dos tipos de instalación, como auto-consumidor o productor con autoconsumo, con sus respectivas cargas correspondientes, siendo la modalidad de productor con potencia mayor a 10kW la más restrictiva por pagar dos peajes de acceso a red. 

Para COAG y Anpier, “no hay que olvidar que no sólo es importante eliminar las trabas al autoconsumo, sino que la sociedad requiere seguridad jurídica y un apoyo decidido por parte de las instituciones públicas en el fomento de la producción de energías renovables por parte de la ciudadanía, de forma colectiva, a pequeña o gran escala y, en especial, en las zonas rurales por su capacidad para mantener población y generar empleo y riqueza”.

Las dos organización confían en que en breve se conozcan las medidas necesarias “para recuperar la confianza y la estabilidad regulatoria en el sector de la generación renovable, puesto que decenas de miles de familias, un elevado porcentaje de ellas profesionales del sector agrario, están aún pendientes de un marco normativo que repare el daño que llevan soportado por los recortes retroactivos impuestos durante los últimos años”.