Luz verde a la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 13 de mayo la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España. El texto, que llega en un momento clave para contribuir a la recuperación económica, establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050, y contempla una primera revisión al alza de los mismos en 2023.

Los fenómenos meteorológicos extremos asociados a los efectos del cambio climático suponen para nuestro país una media de casi 700 vidas y 900 millones de euros al año, tal y como indica en un comunicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De ahí que la vicepresidenta y ministra, Teresa Ribera, haya insistido en la urgencia de transformar el modelo de desarrollo y la forma de vida, integrando criterios de sostenibilidad y resiliencia.

En este contexto, el compromiso de España con la descarbonización queda reflejado en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura) que, con una reducción del 39%, están 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.

Por otro lado, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo tocante a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han recordado que llevan “mucho tiempo” reclamando una ley y una estrategia nacional para hacer frente al inmenso reto que supone el cambio climático, “una amenaza para la supervivencia y viabilidad de las explotaciones agrarias, y en especial, al modelo más vulnerable: la agricultura y ganadería familiar”. En este sentido, han señalado que esta Ley debe servir para “mejorar la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y ganadería familiar”, y para ello se deben incentivar las prácticas de adaptación y mitigación y en ningún caso “penalizar” a los productores.

La organización agraria ha afirmado que España debe impulsar las energías renovables y la sustitución progresiva de los combustibles fósiles. Un proceso que debe tener un claro reflejo en el sector agrario, por ejemplo en la modernización de regadíos, que se debe fomentar al ser una herramienta importante tanto para la mitigación como la adaptación ante el cambio climático, mejorando el ahorro de agua y energía.

Sin embargo, muestra preocupación por la posible “usurpación” de terreno fértil para la implantación de plantas de generación eléctrica, un proceso que “debe evitarse a toda costa”. “Apoyar la instalación de infraestructuras de energías alternativas es fundamental, siempre y cuando se genere riqueza, bienestar y futuro para todos, sobre todo para los agricultores y ganaderos que están en el territorio”. UPA considera que “en ningún caso” deben poder beneficiarse grupos empresariales y fondos de inversión que, “con maniobras especulativas, acaparan superficies de tierras de labor que son imprescindibles para la producción de alimentos”.