29/09/2021
Las actividades agrícolas repercuten tanto en la cantidad de agua como en su calidad. El actual enfoque de la UE para la gestión del agua se remonta a la Directiva marco sobre el agua (DMA) del año 2000, que introdujo políticas relativas al uso sostenible del agua. En ella se fijaba el objetivo de lograr el buen estado cuantitativo de todas las masas de agua de la UE. La política agrícola común (PAC) ofrece instrumentos que pueden contribuir a aliviar la presión sobre los recursos hídricos, como la vinculación de los pagos a la adopción de prácticas más ecológicas y la financiación de infraestructuras de riego más eficientes.
La DMA establece garantías contra el uso no sostenible del agua, pero los Estados miembros conceden numerosas exenciones a la agricultura al permitir la captación de aguas. Los auditores constataron que se conceden con gran generosidad a los agricultores estas exenciones, incluso en regiones con estrés hídrico, mientras que algunas autoridades nacionales apenas imponen sanciones cuando detectan usos ilícitos de agua. Pese a que la DMA también exige a los Estados miembros que asuman el principio de «quien contamina paga», el agua sigue siendo más barata si se utiliza para la agricultura.
El informe está disponible aquí: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59355