La Comisión Europea mueve ficha para alcanzar los objetivos del Pacto Verde

Como resultado, ha adoptado tres nuevas iniciativas orientadas a atajar la deforestación, facilitar los traslados de residuos dentro de la Unión, a fin de promover la economía circular, y equiparar el nivel de protección de los suelos a los del agua y el aire para favorecer la biodiversidad, a través de una nueva propuesta de ley.

Para atajar la deforestación, la Comisión propone un nuevo Reglamento para que los productos que los ciudadanos de la UE compren, utilicen y consuman en el mercado de la UE no contribuyan a la deforestación mundial y a la degradación forestal.

En paralelo, el reglamento establece normas obligatorias para las empresas que deseen comercializar materias primas que contribuyan a la deforestación en el mercado de la UE con el fin de garantizar que solo se permitan en el mercado interior "productos legales y que no contribuyan a la deforestación". Asimismo, la Comisión utilizará un sistema de evaluación comparativa para evaluar los países y su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal derivado de las materias primas contempladas en el Reglamento, e intensificará el diálogo con otros grandes países consumidores y se comprometerá multilateralmente a mancomunar esfuerzos.

En el marco del Reglamento revisado sobre traslados de residuos, la Comisión propone normas más estrictas sobre las exportaciones de residuos, un sistema más eficiente para la circulación de estos como recurso y una actuación decidida contra el tráfico de los mismos. Dentro de la UE, la Comisión propone simplificar considerablemente los procedimientos establecidos, facilitando que los residuos vuelvan a entrar en la economía circular, sin rebajar el grado necesario de control para contribuir a reducir la dependencia de la UE de las materias primas originales.

En cuanto a la nueva estrategia sobre el suelo, la UE establece un marco con medidas concretas encaminadas a la protección, la rehabilitación y el uso sostenible de los suelos, y propone un conjunto de soluciones voluntarias y otras jurídicamente vinculantes. Esta estrategia tiene por objeto aumentar el carbono en las tierras agrícolas, luchar contra la desertificación, rehabilitar los suelos degradados y velar porque, de aquí a 2050, todos los ecosistemas del suelo se encuentren en buen estado.

Su objetivo es lograr el mismo nivel de protección para el suelo que los que tienen el agua y el aire en la UE. Para ello, se presentará en 2023 una propuesta de nueva ley sobre la salud del suelo, tras una evaluación de impacto y una amplia consulta a las partes interesadas y a los Estados miembros.