20/01/2020
Para esta organización, el bajo porcentaje indica un “limitado nivel de especialización y de profesionalización en el ámbito de la agricultura”.
En términos de renta, a pesar de su tendencia positiva, los profesionales agrarios todavía se sitúan un 37% por debajo de la renta media del conjunto de la economía, lo que revela la importancia de las ayudas de la PAC en el sostenimiento de las rentas dentro del sector.
A nivel regional, existen notables diferencias en el grado de profesionalización y de renta. En el periodo 2014-2017, el número de declarantes con rendimientos agrarios por encima del 50% aumentó en Andalucía en un 24% y en la Región de Murcia en un 11,4%, mientras que en Asturias y en Cantabria el número de estos declarantes descendió un 19,4% y un 18,5%, respectivamente. No obstante, el mayor número de agricultores profesionales se mantiene en Castilla y León (31%), Cantabria (29,5%) y La Rioja (25,6%). En términos de renta, se dieron importantes incrementos en la Comunidad de Madrid, Canarias y Andalucía, mientras que en Cantabria, Castilla y León y Aragón se produjeron notables caídas. Asimismo, es preciso destacar que, en el caso de Galicia, Asturias y Cantabria, donde se declaran unos rendimientos por debajo de los 8.000 euros y por ende la actividad agraria es menos rentable, hay un descenso muy notable en el número de trabajadores por cuenta propia en los últimos años, con caídas de 28,9%, 28,4% y 20,4% entre 2009 y 2018.
Desde Unión de Uniones, que se opone “rotundamente” a una reducción del presupuesto de la futura PAC, indican que “este escenario es previsible” y consideran “fundamental rediseñar el modelo de reparto de las ayudas y hacerlas llegar a los que realmente viven de la labor agraria y mantienen vivo el medio rural”. La organización propone que sea considerado como agricultor genuino en el marco de la futura PAC aquel cuyas rentas agrarias representen, al menos, el 25% de las rentas totales declaradas.
"El Ministerio español, con la legislación en vigor, puede y debe hacerlo y no necesita para eso ningún beneplácito de Bruselas, solo hace falta que lo que se dice a los medios de comunicación sobre la eliminación de los agricultores de sofá se haga realmente", argumentan.
Según las estimaciones de Unión de uniones, en caso de aplicarse esta definición, con los presupuestos actuales, entre 410 y 670 millones de euros anuales podrían ser redistribuidos y orientados hacia los verdaderos trabajadores del campo, reduciéndose el número de “agricultores de sofá” y aumentando los importes unitarios de los profesionales aun con las pretendidas reducciones de presupuesto contempladas por los estamentos europeos.
Asimismo, la aplicación del capping –establecimiento de una reducción progresiva de las ayudas por beneficiario a partir de los 60.000 euros con un límite máximo de 100.000 euros-, según las estimaciones de la organización, podría liberar también hasta 330 millones que podrían ser redistribuidos entre aquellos profesionales que por sus actividades, ubicación y tareas que realizan perciben mucho menos de lo que deberían. De la misma forma, Unión de Uniones propone contemplar ciertas excepciones para que las ayudas PAC puedan seguir cumpliendo con su papel clave como sostenedor de rentas en ciertos sectores sociales de la España rural, que pueden ver peligrar su viabilidad económica en caso de desaparecer las ayudas.
“Ha llegado el momento de que el Ministerio y las comunidades autónomas concreten su posición en el Plan Estratégico para que este debate no sea etéreo y vacío. Empezamos a tener la sensación de que se quiere cambiar y revisar todo para que todo siga igual, y con el sistema actual ni a los profesionales del campo les va bien, ni se parará la despoblación y el abandono de las zonas rurales”, concluyen desde la organización.