Nuevas autorizaciones de viñedo: ¿Liberalización total o nueva prórroga?

Jorge Jaramillo, periodista agroalimentario

Con la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino de 2008 el final del guion quedó escrito. A partir de 2016, productores y bodegueros se asomarían a un escenario liberalizado de nuevas plantaciones extinguiendo así los viejos derechos que durante 30 años habían controlado el crecimiento del potencial vitícola en toda Europa. Al final, el miedo de los productores a los efectos devastadores de la medida propició un sistema mixto de crecimiento, pero tutelado por los Estados. En 2023 toca revisarlo aunque España ya ha solicitado la prórroga hasta 2030, al tiempo que roza el millón de hectáreas.

A ningún agricultor le puede sorprender a estas alturas de la PAC el aire liberal que Europa ha ido insuflando desde la Agenda 2000 a todas las reformas agrarias. El Viejo Continente se expandía hacia el este y las posibilidades presupuestarias debían atender otras muchas necesidades. De ahí que en cada proceso la PAC haya ido perdiendo fondos.

En medio, un productor sin herramientas suficientes para navegar en solitario en el mar de la globalización y desprenderse de la protección institucional en tantos sectores como el vitivinícola. Pero iba ocurriendo paulatinamente, desde el popular Franz Fischler hasta el rumano Dacian Ciolos, la Comisión fue deshaciendo los mimbres del cesto para estimular el espíritu emprendedor, autónomo y organizativo, especialmente en segmentos tan atomizados y colapsados por la propia gestión de excedentes sin comercializar.